Los senadores del oficialismo y la oposición, que debatirán a partir de la próxima semana la integración y la presidencia de esos grupos de trabajo legislativo, también nominarán a las autoridades del cuerpo.

O ficialismo y oposición comenzarán a debatir la semana próxima la integración de las 27 comisiones permanentes que conforman el Senado y a definir quiénes serán las autoridades de la Cámara alta hasta la nueva renovación parlamentaria de diciembre de 2019.

El oficialista interbloque de Cambiemos, con 24 integrantes, y el peronista Argentina Federal, con 25, se repartirán en números iguales la amplia mayoría en cada una de las comisiones.

Según el Reglamento de la Cámara, cada una de las comisiones permanentes está compuesta por 17 integrantes, a excepción de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que posee 19.

Por ello, tanto Cambiemos como el peronismo no kirchnerista mantendrán la hegemonía ya que cada uno designará a siete senadores, en tanto que serán ocho por bando en la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales.

El resto de los lugares, apenas tres, serán asignados al Frente para la Victoria, encabezado por el neuquino Marcelo Fuentes y que contiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al cada vez menos influyente Interbloque Federal, compuesto por peronistas no alineados.

El resto de las bancas de la Cámara alta las ocupan el Frente Cívico de Santiago del Estero (tres integrantes), el Frente Renovador de la Concordia de Misiones (2) y agrupaciones como Proyecto Sur, Movimiento Popular Fueguino y Frente Progresista.

Tanto el oficialismo como el peronismo dialoguista suelen decidir el reparto en las comisiones mediante una fórmula matemática que junta “el porcentaje con la voluntad política”, según coinciden voceros de ambas bancadas.

Por esa razón, cuando hubo que conformar la Comisión de Presupuesto y Hacienda a fines del año pasado para debatir el Presupuesto 2018 y la Ley de Reforma Impositiva, Cambiemos y el Interbloque Argentina Federal se quedaron con siete lugares cada uno, dos fueron para el kirchnerismo y uno para los peronistas no alineados. Proporciones similares se utilizarán en el resto de las comisiones.

Sin embargo, la discusión se endurecerá para la designación de los presidentes de esos cuerpos, ya que su voluntad de trabajo acelera el tratamiento de los proyectos de ley o los ralentiza.

El kirchnerista Fuentes, por ejemplo, durante 2017 juntó a la Comisión de Asuntos Constitucionales sólo para formalizar el ingreso de los diplomas de los senadores elegidos en octubre.

El oficialismo pretende encabezar esa comisión para acelerar la discusión del pedido de desafuero contra la ex presidenta, exigido por la justicia federal por la causa en la que se investiga la firma del memorándum con Irán por el ataque a la AMIA.

Por el contrario, el justicialismo adelantó, cuando se conoció la resolución del juez Claudio Bonadio, que iba a mantener la postura según la cual mientras no haya un fallo firme de la Justicia ningún legislador puede ser removido de su cargo.

Esa misma doctrina se aplica desde hace años con el riojano Carlos Menem, varias veces procesado y condenado por diversas causas.

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