Además del tema de las sustancias tóxicas, Carlos Beraldi, abogado de la senadora Cristina Kirchner, denunció al juez federal Claudio Bonadio ante la Justicia y el Consejo de la Magistratura por “ilegalidades” en los allanamientos a la ex mandataria, al tiempo que señaló que en las propiedades de la legisladora no hay “bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”. “Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, sostuvo Beraldi.

En un comunicado, el letrado insistió en que se le “impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay”.

Así, sostuvo que se violaron “expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento”.

“Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la Nación”, subrayó Beraldi.

También se quejó de que “el allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana”. El abogado señaló que “las cosas que Bonadio ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación”.

También sostuvo que “se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación” y que “ni siquiera se salvó el único auto” de su representada, “una camioneta Honda del año 2009”.

Sobre el allanamiento en El Calafate, Beraldi afirmó que “no se está preservando la cadena de custodia de las cosas que están siendo requisadas”. “El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos. Concretamente: durante toda la noche no sabemos quién entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa”, puntualizó.

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