La Oficina Anticorrupción denunció penalmente a las autoridades del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos desde 2010, ya que, según ese organismo, entre esa fecha y hasta 2016 apenas se rindió un 23% de los fondos transferidos a las provincias para tal fin.

Según se detalla en un comunicado de prensa, ese Fondo -creado por ley en 2009- debía girar fondos a las provincias, y a su vez éstas debían destinar el 70% en compensaciones a los titulares de las tierras donde se conserven bosques nativos, y el otro 30%, para desarrollar e implementar programas de fortalecimiento.

Sin embargo, se encontraron irregularidades en todas las provincias que tienen bosques nativos, y por la falta de rendición de cuentas, lejos de suspender los pagos, las autoridades del ministerio de Ambiente otorgaron prórrogas sucesivas.

Entre 2010 y 2016 las autoridades del Fondo (dependiente del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable) transfirieron a las provincias $1.506.335.984, pero sólo se rindieron $349.676.660; lo que equivale a un 23% del total.

La Oficina Anticorrupción se basó en un informe de auditoría que da cuenta de esas irregularidades, así como uno de la Sigen, que analizó la rendición de cuentas de todas las provincias y encontró facturas repetidas y discrepancias en fechas de emisión y facturación, entre otras inconsistencias.

Para la OA ,“se está poniendo en evidencia un total desmanejo de los fondos públicos”, donde “se desconoce” adónde fueron esos fondos; si “destinados a los fines originalmente previstos”, “aplicados a otros distintos, también públicos”; o “incluso si fueron ellos sustraídos del ámbito público para el propio beneficio de los funcionarios públicos”.

Asimismo, se detectaron irregularidades en la delimitación de los territorios considerados como “bosques nativos” a los fines de la asignación de recursos, en donde se declararon superficies que no se correspondían con la existencia de bosques nativos o, por el contrario, se omitieron declarar bosques nativos donde sí los había, además de incluirse territorios correspondientes a Parques Nacionales, algo que no estaba previsto por la Ley, indicó el parte de prensa.

La Oficina reclamó que la Justicia “investigue, por un lado, la conducta de los funcionarios responsables de las distintas jurisdicciones provinciales, que eran los encargados de ejecutar los fondos y aplicarlos al fin previsto por la ley, y, por el otro, la responsabilidad de las autoridades nacionales’.

Es que esos funcionarios, según la OA, “no controlaron la actividad de las jurisdicciones locales, y pese a no haberse aprobado las pertinentes rendiciones siguieron girando fondos, en una suerte de flujo constante sin control, concediendo prórrogas y habilitando transferencias cuando no se cumplían los requisitos mínimos para ello”.

Los posibles delitos señalados son malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

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