El Consejo de la Magistratura decidió ayer, por mayoría, desestimar la denuncia con el juez federal Ariel Lijo por presuntos vínculos comerciales con el destituido camarista Eduardo Freiler. El organismo consideró, durante la reunión de plenario que se realizó ayer, que no había elementos suficientes para avanzar con el caso.

La comisión de Disciplina y Acusación, presidida por el diputado del PRO Pablo Tonelli, ya había dado dictamen a la desestimación de la causa la semana pasada. Al magistrado se lo acusaba de tener una participación en el manejo del haras La Generación, que compró su hermano Alfredo “Freddy” Lijo y que está ubicado en la localidad de Dolores, provincia de Buenos Aires.

Esta versión había surgido a partir de la declaración de su ex cuñada, María Carla Lago, durante una de las audiencias del jury a partir del cual se destituyó a Freiler, que fue denunciado por su supuesta participación en este negocio.

El Consejo había elaborado una denuncia de oficio para investigar los hechos que relató la mujer y que involucraban a la familia Lijo. El propio Tonelli, que quedó a cargo de esta causa, decidió este jueves que no había pruebas suficientes y puso a votación la continuidad de la denuncia.

“De ninguna de las respuestas recibidas en relación con lo requerido surge información, o al menos indicio objetivo alguno, que dé cuenta de la propiedad o participación del juez Ariel O. Lijo en el haras La Generación “, señaló el diputado del PRO en su resolución.

Casi la totalidad de los integrantes del Consejo apoyaron la decisión de cerrar el caso, excepto el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que pidió que continuara el proceso.

Por su parte, el diputado Mario Negri y la representante del Poder Judicial Gabriela Vázquez estuvieron ausentes durante el debate. En el marco de la investigación, Tonelli pidió informes sobre el haras La Generación a los hipódromos de Palermo, La Plata, San Isidro y también a la Municipalidad de Dolores.

Es que durante su declaración en el juicio político contra Freiler, Lago aseguró que el Lijo se hacía cargo de una parte de los gastos de esa propiedad destinada a la cría de caballos, pero eso no aparecía en las declaraciones juradas del juez.

El consejero, que preside la comisión de Disciplina y Acusación, solicitó además documentación al Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondiente de las cinco cuentas que tiene en diferentes entidades el magistrado investigado.

Todas esas medidas de prueba se llevaron adelante pero no pudieron demostrar algún tipo de participación en actividades comerciales, algo prohibido para los jueces.

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