El problema, explica, no radica en la falta de alimentos, sino en la dificultad para acceder a ellos. “Las cifras esconden historias reales: mesas vacías, derechos vulnerados y familias que hacen lo imposible para llegar. No es un problema individual, sino estructural. El hambre es consecuencia de desigualdades que se profundizan.”
La malnutrición se agrava cuando los ultraprocesados baratos reemplazan a los alimentos frescos, cada vez más costosos. “No alcanza con producir más, hay que garantizar calidad y acceso. Comer bien no debería ser un privilegio, sino un derecho humano básico”, remarca Salzman.
También advierte sobre el impacto de las decisiones políticas: “Cuando se reducen programas sociales o se flexibiliza el etiquetado frontal, se limita la posibilidad de elegir con información. La desinformación también es una forma de inseguridad alimentaria.”
Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense remarcan que garantizar una alimentación sana y sostenible exige un compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones y la sociedad. “El futuro alimentario se construye con presencia estatal, con controles que cuidan y con profesionales comprometidos en cada territorio. Comer bien no es un lujo: es una responsabilidad colectiva”, concluye Salzman.