A dos años de la muerte de la periodista y legisladora, el jueves comienza la indagatoria a uno de los directores de la clínica. El abogado de la familia, Diego Pirota, dijo que se trató de "un delito con intención".

A dos años de su muerte, la justicia comienza con las indagatorias del segundo tramo de la investigación por supuesto encubrimiento al producirse el fallecimiento de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin.

El próximo jueves será la indagatoria de uno de los directores de la clínica de la Trinidad, Roberto Martingano, imputado por presunto encubrimiento, así como de dos instrumentistas lo están por presunto falso testimonio, en la causa que investiga la fiscal María Luz Castany.

La trama de aparente encubrimiento surgió a raíz del primer juicio, que culminó con la condena a 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo al endoscopista Diego Bialolenkier, mismo proceso en el que fue absuelta la anestesista, Nélida Puente.

Por presunto falso testimonio, la instrumentadora Miriam Frías declaró en el juicio y en su versión se notaron varias dudas, motivo por el cual resultó denunciada y ahora está en la mira.

La declaración de Frías es clave, ya que es la única que estuvo presente en el quirófano junto a Bialolenkier y Puente al momento de llevarse a cabo la endoscopia sobre Pérez Volpin, que tuvo un desenlace fatal en febrero del 2018.

La supuesta trama de encubrimiento está relacionada con que se habría escondido un informe médico sobre el estado de salud de Pérez Volpin al momento de llevarse a cabo la endoscopia, mientras se intenta probar si se cambió parte del aparato endoscópico para esconder una presunta prueba incriminatoria.

"Como consecuencia de ese fallo donde condenaron al endoscopista, se entendió que había que denunciar a las autoridades de la clínica por falso testimonio y encubrimiento", expresó a CNN Radio Diego Pirota, abogado de la familia.

Y precisó que "la condena que tuvo el médico es homicidio culposo", tras lo cual aclaró que "la investigación que se abre contra las autoridades es de un delito con intención". "Esto no puede volver a pasar. Nunca más un paciente sano puede terminar muerto en 5 minutos", concluyó el letrado.

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