El 45% de las consultas es por incumplimiento del decreto que prorrogó contratos y bancarizó alquileres. El 20% de las mismas es por imposibilidad de pagar el alquiler en término

Prácticamente la mitad de las consultas de inquilinos efectudas ante la Defensoría del Pueblo porteño están vinculadas a dificultades de pago, o directamente a la imposibilidad de cumplir con el alquiler por falta de trabajo y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria.

Según el Segundo Informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo, el 45% de las consultas es por incumplimiento del Decreto 320/20 que prorrogó contratos y bancarizó alquileres, en tanto que el 20% de las mismas es por imposibilidad de cumplir con el pago del alquiler a término.

"Lo que vemos últimamente es que la situación se acerca a la imposibilidad de seguir pagando: el que no pagó en abril no paga mayo y eso va a terminar en una deuda acumulada que en octubre. Si es que antes no hay una respuesta pública, esto puede terminar con miles de inquilinos abajo de los puentes", explicó a este diario Fernando Muñoz, coordinador del Programa.

El funcionario señaló en diálogo con DIARIO POPULAR que "por un lado hay mucha presión del sector inmobiliario para sacar toda la plata que se pueda y por eso no respeta la prórroga y hace contratos nuevos y encarece los alquileres, y por otro lado hay una realidad de miles de inquilinos que no pueden pagar".

El informe, al que tuvo acceso este diario, explica que "ha cambiado radicalmente el perfil de la demanda" ya que prácticamente la mitad de las 620 consultas recibidas están vinculadas a dificultades de pago, o directamente a la imposibilidad de cumplir con el alquiler por falta de trabajo, y al incumplimiento del decreto federal que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria.

"El 25% de las consultas tiene que ver con inquilinos que terminan su contrato y en vez de continuar en prórroga por 180 días -por vigencia del decreto federal 320/20- se les está exigiendo firmar un nuevo contrato con aumentos entre el 50 y el 100% (por ejemplo de 12.500 a 21.000, de 15 a 23.500)", señaló el trabajo.

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"En algunos casos, utilizan el decreto para proponerle al inquilino que este aumento lo pague después del primero de octubre y en otros casos, le ofrecen seis meses de contrato (que es la prórroga que por derecho puede tomar el inquilino) con un aumento superior al 30%, para luego volver a conversar", agregó.

Para Muñoz, "no solo transgreden el decreto federal vigente, sino también el mínimo de dos años de contrato de alquiler de vivienda establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación".

El informe indicó que un 20% de las consultas tiene que ver directamente con dificultades para pagar el alquiler. "Hay inquilinos que pidieron préstamo para pagar abril, otros que hicieron pagos parciales (pagan 14.000 de alquiler y solo pudieron juntar 10.000), perdieron el trabajo y no puede seguir pagando, o le piden a la inmobiliaria terminar el contrato porque tuvieron una caída del 50% en los ingresos", destacó.

También hubo consultas (14%) por la negativa a bancarizar el alquiler por parte de las inmobiliarias, que piden hasta 21% de recargo por informar la cuenta bancaria, o la no devolución del depósito de garantía luego de dos meses de reclamo.

En tanto, un 12% fue por problemas vinculado al deterioro de los inmuebles: arreglos, humedad, luz de obra, corte de gas y el resto, distribuido en menos del 10% cada perfil, tiene que ver con autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locación comercial o profesional sin actividad económica, valor de las expensas y amenazas de desalojo por falta de pago en pensiones, hoteles y residencias estudiantiles.

La Defensoría ofrece líneas de comunicación para inquilinos: el 0800-999-3722, el correo [email protected] y 112254-6185 (solo WhatsApp).

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