Este miércoles se llevará a cabo la audiencia en la que la comunidad volverá a reclamar por un fallo que impida el desmonte de 609 hectáreas ante Ricardo Lorezetti.

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia de conciliación que se celebrará hoy entre representantes de la comunidad indígena Qom y el gobierno de Formosa, en el marco de una causa por un reclamo de tierras que los aborígenes reclaman como propias por derechos ancestrales.

Se trata de una audiencia privada que se llevará a cabo a partir de las 11:00 en el despacho del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y para la cual fueron convocados por los Qom, el líder de la Comunidad Potae Napocna Navogh (La Primavera) de Formosa, Félix Díaz, y Cristino Sanabria. Por el gobierno formoseño fue convocado el gobernador, Gildo Insfrán; la fiscal de Estado de la provincia, Stella Zabala; y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ricardo Marra.

También fueron convocadas la Universidad de Formosa, ya que es la que disputa parte de las hectáreas en juego; y representantes de la Administración de Parques Nacionales.

La comunidad Qom reclama un fallo que impida al gobierno de la provincia al desmonte de un total de 609 hectáreas para la construcción de una universidad.

Ayer, monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se reunió con los legisladores Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Socialismo), Virginia Linares y Cristina Calvo (GEN), Ricardo Alfonsín (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), María Elena Barbagelatta (Socialismo), Humberto Tumini (Libres del Sur) para interiorizarse del conflicto de los Qom.

Los legisladores informaron al obispo sobre "el permanente hostigamiento y agresiones sufridos por la comunidad en el marco de una fuerte inseguridad y ausencia del Estado".

También hablaron sobre el reclamo por la devolución de sus tierras y la falta de documentación de identidad, que no los considera ciudadanos y les impide recibir los beneficios universales fijados por los distintos niveles de gobierno, informó la Conferencia Episcopal Argentina.

Fue abordado el tema de "la falta de reparación a las víctimas de la brutal represión policial, algunas de los cuales tienen heridas de gravedad y permanecen aislados". También trataron "la carencia de asistencia sanitaria agravada por la falta de un intérprete que ayude".

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