Son algunas de las sanciones que establece el proyecto de ley que presentó el gobierno bonaerense. También incluye la realización de trabajos comunitarios. Y si el agresor es un menor, las penas recaerán en los padres.

El gobierno bonaerense presentó un proyecto de ley que penaliza el vandalismo en las escuelas públicas y privadas con sanciones que van desde la realización de trabajos comunitarios a fuertes multas y hasta 30 días de cárcel, tras 117 ataques a establecimientos del distrito en lo que va del año.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, explicó que desde el inicio de 2019 ya hubo 117 hechos de robo y vandalismo en establecimientos educativos bonaerenses, cuyas reparaciones costarán al Estado al menos $100 millones.

“Este proyecto busca mostrar que la escuela es un lugar que la ley tiene que proteger, que cualquiera que atente contra el colegio tendrá un castigo. Queremos generar conciencia, proteger a la escuela como un lugar central de la comunidad y cuidar a los docentes”, dijo Sánchez Zinny.

La iniciativa, que ingresó por la Cámara de Senadores, pretende que se sancione con arresto de entre 5 y 30 días al que “coloque, introduzca o arroje sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones dentro de un establecimiento educativo o en las inmediaciones del mismo”.

Además, prevé multas de entre el 50 y el 100% del sueldo mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía bonaerense, que es de 29.854 pesos.

Las mismas sanciones se aplicarán a quien manche o ensucie bienes muebles o inmuebles destinados y/o afectados al servicio de educación, o cualquiera de las instalaciones de una escuela.

Cuando participe un menor de edad, el juez deberá determinar si su conducta fue consecuencia de falta o negligencia por parte de los padres o tutores, que en ese caso serán sancionados con arresto de uno a cinco días o multa de entre 30 y 60% del haber del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía.

La propuesta contempla que el juez podrá reemplazar las sanciones de arresto o multa, por la imposición de dos a diez días de trabajos de utilidad pública, cuando el contraventor no registre condenas previas, y la gravedad y demás características del hecho lo justifiquen.

“Se considerará un día de trabajo de utilidad pública la prestación de tres horas de trabajo, que se deberán realizar en establecimientos públicos, como ser escuelas, hospitales, u otras instituciones estatales. Se deberán prestar en los lugares y horarios que determine el juez, fuera de la jornada de actividades laborales o educativas del contraventor”, según el texto del proyecto.

La iniciativa también establece que el juez podrá reemplazar las sanciones por un curso de enseñanza o capacitación para el contraventor; su participación en un programa individual o grupal dictado en organismos públicos o privados para modificar los comportamientos que hayan incidido en la comisión de la contravención.

En 2018, se registraron en la provincia 131 hechos de robo y ataques de vandalismo contra escuelas de distintos distritos, por lo que se debieron destinar 105 millones de pesos para arreglarlas, de acuerdo a fuentes de la cartera educativa.

Ese gasto “equivale a la construcción de 66 aulas nuevas de jardín, siendo que cada aula de 40 metros cuadrados tiene un valor de 1,6 millones de pesos”, señalaron.

Uno de los últimos ataques a colegios fue el incendio iniciado por adolescentes en la escuela República de Panamá (E.E.S.T. 7) de la localidad de Valentín Alsina, en Lanús, que provocó la destrucción de la biblioteca y tres aulas; y otro el sabotaje de un medidor de gas en la Escuela Especial 505 de San Martín con el objetivo de prender fuego el establecimiento.

Otros hechos de vandalismo recientes ocurrieron en la Escuela Nº1 “General José De San Martín” de Ezeiza, donde destrozaron con pintura los baños recién remodelados y el patio; y en la Escuela Primaria Nº 124 de La Plata, a la que le robaron el material didáctico para el inicio del ciclo lectivo.

El pedido de la gobernadora

María Eugenia Vidal pidió apoyo “a todas las fuerzas políticas” para sancionar el proyecto de ley que busca prevenir hechos de vandalismo en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

“Les pedimos a todos los espacios políticos de la Legislatura que nos acompañen con este proyecto y que juntos defendamos nuestras escuelas”, posteó la gobernadora bonaerense en las redes sociales luego de la recorrida que efectuó por la Escuela Nº 2 “Juan José Paso” de Hudson, en el partido de Berazategui.

Los incendios intencionales en la ese establecimiento, en abril de 2018, en la Primaria Nº 1 de Berazategui, en septiembre, y en el colegio República de Panamá de Lanús, el mes pasado, figuran entre los casos recientes más resonantes de ataques vandálicos a escuelas de la provincia de Buenos Aires.

“La escuela es un lugar que la ley tiene que proteger”

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró que el proyecto de ley presentado para penalizar el vandalismo en establecimientos educativos “busca mostrar que la escuela es un lugar que la ley tiene que proteger y que cualquiera que atente contra el colegio tendrá un castigo”.

Sánchez Zinny sostuvo que la propuesta parlamentaria “impone nuevas penas en el Código Contravencional y propone que un juez pueda determinar si los padres tienen alguna responsabilidad o negligencia con respecto a lo que han hecho sus hijos” (ver aparte).

El funcionario explicó que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en el Senado bonaerense “surge de una preocupación importante que tenemos en los últimos meses por cómo crecieron los ataques a los colegios”.

Recordó que “solamente en lo que va del año hubo 117 hechos de robo y vandalismo” en establecimientos educativos bonaerenses, cuyas reparaciones costarán al Estado al menos $100 millones.

“Nos preocupa por cómo afecta a la comunidad educativa y porque hay que salir a reparar la escuela”, dijo. Y citó el caso de la escuela de Berazategui que el año pasado fue incendiada intencionalmente. “Las dos aulas se arreglaron y ahora funcionan como biblioteca, pero los padres, los docentes y los propios alumnos están preocupados porque fue una experiencia traumática para toda la comunidad educativa”, manifestó.

“Concretamente, el proyecto de ley establece que si un juez considera que los padres de los menores de 16 años han sido negligentes o tuvieron alguna responsabilidad con respecto al hecho, la Justicia podrá actuar”, apuntó.

El ministro añadió: “Queremos generar conciencia, proteger a la escuela como un lugar central de la comunidad y cuidar a los docentes y alumnos”.

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