Los tres bloques irán a la sesión con su propia propuesta, en la que se faculta al Estado a apoderarse de aquellos bienes que fueron utilizados para llevar a cabo los delitos o fruto de los mismos.

L os senadores de Cambiemos, del Bloque Justicialista y del Frente para la Victoria no lograron ponerse de acuerdo sobre el proyecto de extinción de dominio y firmaron dictámenes distintos para llevar a votación.

Los tres proyectos establecen la figura de extinción de dominio, que otorga al Estado la facultad de recuperar los bienes utilizados para la comisión de delitos o fruto de ellos, pero se diferencian en cuestiones técnicas relacionadas con el proceso judicial.

El dictamen que más firmas reunió es el del justicialismo, seguido por el del oficialismo y por último el del kirchnerismo y las diferencias entre los tres tienen que ver con cuestiones procesales y con los tipos de delitos alcanzados.

La iniciativa del PJ sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que la de Cambiemos lo ubica en el fuero civil.

El del kirchnerismo se diferencia al proponer que se incluyan en el proyecto los delitos económicos y que sean alcanzados, además de funcionarios acusados de corrupción, los “corruptores”.

Durante la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de ayer, el justicialista Rodolfo Urtubey reiteró que el proyecto de esa bancada establece que la extinción de dominio será una acción civil dictada junto a la condena penal de primera instancia.

También indicó que en su dictamen Bloque Justicialista propone “la extinción de dominio anticipada” para casos de “fuga o de flagrancia”, es decir, de arresto en el mismo momento en que se está cometiendo el delito.

A su turno, la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun marcó las diferencias de la propuesta del Frente para la Victoria y afirmó: “Vamos a evaluar el dictamen (del justicialismo) pero insistimos en incorporar los delitos económicos (como lavado de activos) y a los corruptores”.

Este último punto se refiere a cualquier persona que, por ejemplo, pague una coima a un funcionario público, de manera que no solo el funcionario acusado de cohecho sea alcanzado por la extinción de dominio.

Sin embargo, Urtubey aclaró que su proyecto habla “de bienes instrumento del delito o producto del delito”, para remarcar la diferencia que existen entre la figura de la extinción y la del embargo.

En tanto, en representación de Cambiemos, Federico Pinedo sostuvo que la bancada oficialista “no está de acuerdo con la propuesta de Urtubey” y agregó: “Creemos que el proceso de extinción de dominio tiene que ser más expeditivo”.

De esta manera defendió el punto de su proyecto que más críticas genera en el peronismo y es que la extinción de dominio es una acción que debe llevar a cabo el fuero civil y que no debe esperar a la sentencia penal. “No estoy de acuerdo con invertir la carga de la prueba”, señaló a su turno el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, al defender el proyecto que presentó Urtubey.

La “inversión de la carga de la prueba”, según Pichetto, se da sobre todo en los casos de presunto enriquecimiento ilícito, donde es el acusado el que tiene que demostrar el origen lícito de sus bienes y no el fiscal el que debe probar lo contrario.

Al cuestionar la iniciativa del oficialismo, Pichetto apuntó a “la industria de la denuncia a funcionarios públicos” y manifestó su molestia con el reproche que hizo días atrás el presidente Mauricio Macri al peronismo por el avance lento de esta iniciativa.

“Como senadores tenemos que hacer un poquito de docencia, explicarle a la gente qué estamos tratando y cómo es un proceso, si no la dictadura de las redes y la política de la indignación lleva a la perdida de institucionalidad”, advirtió.

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