El secretario de Energía, Javier Iguacel, destacó que la generación distribuida, que permitirá a usuarios generar energía renovable y derivar excedentes a la red, “da una herramienta a la gente para ahorrar plata”, mientras miembros de su equipo estimaron en 3.000 a 4.000 dólares el costo de instalación de paneles solares en techos de domicilios y de 25.000 a 30.000 dólares en las pequeñas y medianas empresas.

“Este es un gran paso para tener una matriz energética sustentable y darle libertad a los clientes de la red, que cada uno pueda depender menos o ampliar el mercado al generar en su propia casa”, sostuvo Iguacel en declaraciones a la prensa.

El funcionario estimó que el repago de los equipos no superará los siete años (cuando la vida útil supera los 30 años), gracias a los mecanismos promocionales previstos en la ley 24.724, cuya reglamentación se conoció durante la víspera.

Ese plazo, no obstante, “puede bajar a 3 o 4 años en provincias como Córdoba o Santa Fe, donde un usuario residencial paga en promedio una boleta de luz que triplica el valor de generación”, dijo el secretario.

“La energía eléctrica -explicó Iguacel- es más cara en la mayoría de las provincias por el valor de distribución, pero como la generación distribuida reduce mucho el consumo va a hacer más rentable el sistema en esos lugares, y además le va a poner presión a las distribuidoras para que bajen sus costos”.

El funcionario precisó luego que el objetivo es llegar a los 1.000 Mw instalados en 2030 (2,8% de la potencia total actual), “para lo cual hay que empezar a promocionar, y por eso el Presupuesto prevé subsidios por $500 millones para la compra de equipos y otros 300 millones de pesos de exenciones fiscales para que las pymes instalen este sistema”.

Por su parte, el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, aclaró -durante el encuentro en las oficinas de Iguacel en el Palacio de Hacienda- que la reglamentación de la ley 24.724 deberá ser seguida por otras medidas aclaratorias (una resolución y disposiciones) y por la adhesión de las provincias interesadas en desarrollar el sistema.

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