Dos de los tres docentes santacruceños imputados por los incidentes en la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner en abril de 2017 se negaron ayer a declarar ante la justicia en la primera jornada del juicio en su contra, aunque luego en un acto sindical lamentaron que a los trabajadores “nos imputan por salir a reclamar” cuando en la provincia “la familias de los gobernantes se han enriquecido y las escuelas se caen a pedazos”.

Los educadores fueron llevados a juicio por los incidentes que terminaron con represión en abril de 2017 en los jardines de la residencia de la gobernadora, cuando en su interior se encontraba la senadora nacional y ex presidente Cristina Fernández.

Los docentes concurrieron ayer al juzgado penal 3 de Río Gallegos acompañados por representantes de distintos gremios pero se negaron a declarar por consejo de sus abogados y acusaron al gobierno provincial de montar “una persecución gremial y política” en su contra.

El proceso se inició por una denuncia del fiscal de estado Fernando Tanarro, “que se presentó también como parte querellante” por el presunto delito de “violación de domicilio”, explicó a Télam el abogado de los docentes, Enrique Papa.

Y, respecto del video sobre los daños a la residencia gubernamental que difundió el día después de los incidentes la senadora Fernández de Kirchner, el letrado señaló que “no tiene ningún valor probatorio”.

“Es un video que se hace donde supuestamente dice que había o toma una piedra, muestra un sillón volcado; pero en el video no hay ninguna filmación de los hechos”, remarcó Papa.

A su vez, en una acto en la puerta de la sede del juzgado penal en Río Gallegos el secretario general de CTA, Miguel del Plá, manifestó su apoyo a los trabajadores enjuiciados y dijo que “la dependencia de la justicia provincial al poder político de Santa Cruz es indiscutible”.

Del Plá apuntó que hubo “una construcción del régimen kirchnerista que se utiliza para perseguir compañeros” y destacó que “la causa es una provocación y se va a ir cayendo como un castillo de naipes”.

“Sin duda, lo que la clase política busca es que la clase trabajadora se guarde” manifestó por su parte el jefe del sindicato municipal (Soem), Pedro Mansilla.

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