Desde hace dos décadas en nuestro ordenamiento jurídico están limitados los intereses que se pueden aplicar a las deudas de los usuarios en las facturas de servicios públicos. Ese tope fijado en hasta el 50% más de la tasa pasiva para depósitos del Banco Nación se determinó para evitar abusos a los usuarios que muchas veces terminaban pagando más de intereses y recargos, cuando existía un atraso, que del propio servicio.

A pesar de la existencia de la norma, muchas empresas aplican intereses superiores amparándose en los contratos de concesión o las condiciones regulatorias de cada servicio; ello contrariando el principio rector de 'prelación de normas' ya que ante una eventual diferencia deben aplicar la de mayor rango que sin dudas es la ley nacional, que además es reglamentaria del Art. 42 de la Constitución Nacional.

La Justicia acaba de confirmar el límite impuesto por la ley en un nuevo pronunciamiento en un fallo que conviene repasar en sus aspectos centrales para entender y defender nuestros derechos.

Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, cabe decir que este Tribunal ya se expidió al respecto en autos: ' Aguas de Santiago S.A. c/Yagüe de Bonacina Laura y/u otros s/Cobro de Pesos- Exp. 5009 ', ( sent. 31/07/09, y aclaratorias de fecha 28/09/09 y 22/12/09 ), estableciéndose allí que la disposición del art. 31, párrafo 8º, de la Ley Nº 24.240/1993, de defensa al consumidor, actualizada por la Ley Nº 26.361/2008, que reza:' La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago ', es aplicable a la tasa de interés por mora, en cualquier caso en que ésta exista. Consideró el Tribunal en dicho precedente que la correcta interpretación de dicha disposición, conciliable con el espíritu tuitivo de la parte más débil en la relación del consumo esto es, - el consumidor o usuario -, no puede ser otra que la de poner un tope en los intereses por mora que deban afrontar los ' usuarios de servicios públicos domiciliarios ', tal como reza el nombre del capítulo VI del cuerpo legal de marras y, como tal, la disposición tiene un alcance general y no puede acotársela al uso de facturaciones erróneas, limitación ésta que no se compadece ni con el espíritu ni con la letra de aquélla.

V) Continúa argumentando el tribunal en el precedente citado, que el tercer párrafo del art. 3º de la Ley Nº 24.240/1993, de defensa al consumidor, reformada por la Ley Nº 26.361/2008, dice: ' Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica '. Y conforme lo sostenido por autores como Vázquez Ferreyra y Damián Avallo ( ' Reforma a la ley de defensa a los consumidores y usuarios ', pub. en La Ley 2008-D, 1063 ), en el punto 10: ' Servicios públicos domiciliarios (artículo 25 ) ha de señalarse que la ley 26.361 introduce una importante reforma en lo inherente a la legislación aplicable a la contratación de servicios públicos domiciliarios. En efecto, el anterior art.25 establecía que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica serían regidos por dichas normas, aplicándose la ley 24.240 solo en forma supletoria. Conforme la actual redacción, y en concordancia con el nuevo art. 3, en estos casos se aplicarán tanto las normas específicas que regulen la actividad como la ley de defensa del consumidor, con el agregado final de que en caso de duda sobre la normativa aplicable deberá darse preeminencia a la que resulte más favorable para el consumidor: ' Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor '. Bajo esos lineamientos y, en mérito a lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 24.240 actualmente vigente, la relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración normativa dispuesta en los arts. 3 y 25 de dicho ordenamiento. Repárese que el art. 65 de la Ley 24.240 expresamente prescribe ' la presente ley es de orden público '.

Es innegable entonces que la protección al consumidor debe ser emplazada en el ámbito del ' orden público económico ' de protección de la parte débil, por lo que su aplicación prima en todo acto de consumo.