El Tribunal del Mar escuchará los argumentos sobre el pedido del Gobierno para suspender las actividades hidrocarburíferas en la zona. La decisión no definirá la soberanía de las islas.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar estableció el 10 y el 11 de noviembre como fechas para las audiencias por el reclamo de la Argentina contra las actividades petroleras vinculadas con el Reino Unido en las inmediaciones de las islas Malvinas. El Gobierno busca que se suspendan esos trabajos mediante una medida cautelar mientras continúa el procedimiento jurídico correspondiente.
La decisión de fijar las fechas fue adoptada por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, y comunicada oficialmente por el organismo. La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre por el gobierno de Javier Milei.
Las audiencias permitirán que las partes expongan sus posiciones antes de que los jueces determinen si corresponde conceder las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.
La presentación se vincula con el avance de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, una zona cuya soberanía es disputada por la Argentina y el Reino Unido.
Uno de los proyectos señalados es Sea Lion, en el que participan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las compañías anunciaron que esperan iniciar la extracción de petróleo entre 2027 y 2028.
Frente a ese escenario, la Argentina pretende que se ordene el cese de las actividades que considera incompatibles con sus derechos en las aguas en disputa. Para respaldar el pedido, el Gobierno invocó una disposición de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que permite solicitar medidas provisionales en determinadas etapas de un proceso arbitral.
Las presentaciones se llevarán a cabo en Hamburgo, Alemania, donde funciona la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. De acuerdo con el comunicado oficial, las audiencias podrán seguirse por streaming y sus registros quedarán disponibles en el sitio web del organismo.
La resolución que se adopte estará circunscripta al pedido cautelar. El tribunal no tiene previsto definir en este procedimiento quién ejerce la soberanía sobre las islas Malvinas, una controversia que continúa abierta entre los dos países.
El alcance de la decisión será relevante para determinar si se ordenan medidas provisionales sobre las actividades cuestionadas mientras avanza el proceso jurídico.
La Argentina tiene un antecedente de actuación ante este organismo. En 2012 acudió al Tribunal del Mar para solicitar la liberación de la Fragata Libertad, que había sido retenida en Ghana por una disputa vinculada con un fondo de inversión.
Aunque aquel caso tuvo un objeto diferente, constituye una referencia sobre el uso que el país hizo de esta instancia judicial internacional.
El tribunal fue establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y está integrado por 21 jueces. Su intervención en el reclamo por las actividades petroleras en Malvinas se limitará a evaluar las medidas provisionales solicitadas, sin resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía.