Casi 30 nuevos delitos, entre ellos la corrupción de funcionarios, la tenencia de armas de guerra y los incendios, comenzarán a ser investigados por las fiscalías porteñas a partir del 1 de marzo, en el marco del traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La resolución fue adoptada en forma conjunta por la Fiscalía General de la CABA, interinamente a cargo de Luis Cevasco; el defensor general Horacio Corti y el asesor general tutelar, Yael Bendel, y fue remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración.Según informó la página Fiscales, la Justicia porteña resolvió que su competencia para entender en los últimos delitos traspasados a la jurisdicción local entrará en vigencia a las 0 del 1 de marzo.

Los delitos que serán asumidos son los tipificados en el Código Penal en sus artículos 97 a 103 (duelo); 104 y 105 (abuso de armas); 150 a 152 (violación de domicilio); 186 a 189 (incendio y otros estragos); y 189 bis (tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional, con excepciones).

También pasarán a la órbita de la Justicia porteña los delitos previstos en la ley 24.270 (impedimento u obstrucción de contacto); en la 23.592 (de Penalización de Actos Discriminatorios); en las leyes 20.655 y 23.184 (sobre Delitos y Contravenciones en el Deporte y Espectáculos Deportivos), en cuanto resulten aplicables a la jurisdicción local.Asimismo, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a intervenir en las causas por hechos cometidos por funcionarios públicos porteños o contra ellos, como por ejemplo atentado y resistencia contra la autoridad; falsa denuncia de delitos cuya competencia esté transferida a la CABA y usurpación de autoridad, títulos u honores.Otras figuras penales que se transfirieron son abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; violación de sellos y documentos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; prevaricato; denegación y retardo de justicia; falso testimonio; evasión y quebrantamiento de pena.

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