Un grupo de seis efectivos de la Prefectura Naval Argentina comenzaron a ser juzgados por haber sometido a torturas a dos adolescentes, en un hecho ocurrido en septiembre de 2016 en inmediaciones de la villa 21.24 del barrio porteño de Barracas. El caso fue denunciado por el colectivo La Poderosa y derivó en una investigación, tras la que se procesó con prisión preventiva a los acusados, sin que se impute al personal de la Policía Federal que intervino al iniciarse al incidente.

El debate se inició el pasado viernes ante el Tribunal Oral Criminal Nº 9 (integrado por los jueces Fernando Ramón Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Jorge Humberto Gettas) y los prefectos afrontaron los cargos por las “torturas” aplicadas a Iván Navarro (de 18 años) y a su amigo, un chico de 15. En todos los casos, tras las acusaciones en su contra, a los miembros de las fuerzas de seguridad se les dictó la prisión preventiva y quedaron detenidos, alojados en la cárcel de Marcos Paz.

Este juicio, “el primero contra efectivos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde que Patricia Bullrich está al frente de esta cartera”, llegó precedido por la reciente estadía en la Argentina del Relator Especial sobre Tortura del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Nils Melzer, quien se trasladó a la Villa Zavaleta y se entrevistó, especialmente, con Iván Navarro y su familia.

En la oportunidad, Melzer expuso su informe de observaciones preliminares sobre el Estado argentino, destacó el dispositivo que lleva adelante la organización villera La Poderosa en busca de acompañar, denunciar y prevenir la violencia policial, mediante el Control Popular a las Fuerzas de Seguridad. Además, en mayo de 2017, el Comité Contra la Tortura de la ONU, dentro del apartado sobre la violencia policial, se mostró “preocupado ante informaciones que dan cuenta de patrones de violencia y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales”, haciendo eje en el caso de los adolescentes torturados en este hecho y en el caso de Lucas Cabello, el joven que quedó hemipléjico al ser baleado por un efectivo de la ex Policía Metropolitana en el barrio de La Boca.

El hecho por el que son juzgados los seis prefectos se registró en la noche del 24 de septiembre de 2016, cuando el chico fue interceptado por personal de la Policía Federal Argentina en la villa 21-24 de Barracas para interrogarlo y entonces, su amigo Iván Navarro intervino para averiguar lo que estaba ocurriendo, en medio de un contexto de violencia por parte de los uniformados.

En esas circunstancias, arribaron los uniformados de la Prefectura Naval Argentina, que realizaban tareas de refuerzo de seguridad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, quienes subieron a los adolescentes en dos móviles oficiales por separado, para trasladarlos hasta garita de la esquina de Iguazú y Osvaldo Cruz, donde los golpearon, tal cual consta en el expediente. “Una vez reducidos, los llevaron hasta la orilla del Riachuelo, donde los obligaron a hacer flexiones de brazos mientras se les tiraban encima, los amenazaron con tirarlos al agua esposados y los hicieron correr una “carrera de la muerte”, en la que les dijeron que iban a matar por la espalda a quien perdiera, entre otros métodos de tortura”, concluye la denuncia del colectivo La Poderosa.

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