Militantes de organizaciones sociales y partidos de izquierda realizarán mañana una nueva movilización al Ministerio de Desarrollo Social en rechazo a las nuevas medidas que estableció el Gobierno para poder acceder a los planes de empleo.

Los manifestantes se concentrarán cerca de las 11 en el Obelisco para luego marchar a la sede central de la cartera que dirige Carolina Stanley, ubicada sobre la avenida 9 de Julio y Belgrano.

La protesta será encabezada por dirigentes del MST “Teresa Vive” y del Polo Obrero, aunque podrían sumarse columnas de otros espacios a la jornada.

Los movimientos reclaman que se dé marcha atrás con la decisión del Ejecutivo de exigirle a los beneficiarios de planes de trabajo inscribirse en cursos especializados o terminar la primaria o secundaria para seguir en estos programas.

Las agrupaciones aseguran que esta modificación afecta a unas 250 mil personas y consideran que, con esta condición, el Gobierno “sugiere que la falta de trabajo se debe a la falta de capacitación o educación formal de los desocupados”.

“Rechazamos este criterio por falso y perverso. Entre nuestros compañeros hay capacidad y formación para poner a funcionar miles de fábricas. Lo que ocurre es que el Gobierno cierra fábricas y dependencias del Estado dejando el tendal de miles de desocupados, tal como lo muestran el INTI, el Hospital Posadas, Fanazul o las minas de Río Turbio”, sostuvo el partido de izquierda en un comunicado.

Para el MST, “el verdadero objetivo” de la Casa Rosada “es el ajuste fiscal aplicado a los trabajadores más pobres” ya que, para el partido, “lo que busca” la medida “es dar la baja a miles de programas” sociales.

Además del Ministerio de Desarrollo Social, los manifestantes también marcharán hasta la sede de la cartera de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, para reclamar “empleo genuino”.

Las organizaciones sociales exigen que el gobierno revea su decisión de exigirle a los beneficiarios de planes de trabajo inscribirse en cursos especializados o terminar la primaria o secundaria para seguir cobrando en estos programas.

Afirman que esa exigencia afectará a 250 mil personas. “Con esta condición, el Gobierno sugiere que la falta de trabajo se debe a la falta de capacitación o educación formal de los desocupados”.

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