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25 de noviembre 2012 - 00:00
Multas por infracción a la ley del consumidor
Las empresas no son la excepción a este principio y si no son sancionadas por incumplir los derechos del consumidor, realizaran sus transacciones comerciales sin tener en cuenta lo que la ley señala
En la gran mayoría de los temas de defensa del consumidor citamos nuestra ley nacional (24.240) que tiene un conjunto de derechos para todos los ciudadanos que si se ejercen efectivamente permiten una relación más equilibrada entre proveedor y consumidor. Si Bien sus setenta artículos son importantes, me animo a decir que sin la vigencia del 47 y el 49 los restantes serían solo una mera declaración de principios sin ninguna efectividad. Esto es porque el citado artículo establece las multas para los infractores. Está absolutamente probado que si infringir la norma no trae aparejado alguna consecuencia perjudicial para el infractor, su cumplimiento es una vana ilusión. Esto ocurre en todo el mundo pero mucho más en nuestro país, donde hay una idiosincrasia especial de conductas apartadas de la norma. Solo cuando el sujeto social reconoce que son altas las posibilidades de recibir una sanción por apartarse de la norma, tiene una efectiva vocación por cumplirla; y por supuesto esa posibilidad conjuga definitivamente con la severidad o no de la pena. Para decirlo en forma muy sencilla, si las posibilidad de recibir la multa es alta pero el grado de la misma es baja, volvemos al principio y la gran mayoría considerará razonable infringir la norma porque la consecuencia será menor.

Esto sucede en todos los ámbitos de la vida y seguramente a usted le vienen varios ejemplos a la mente, respecto de situaciones que ‘deberían’ ser de un modo por la ley pero que efectivamente son de otro por falta de controles o de aplicación de sanciones. El ejemplo más común podría ser señalar que la falta de castigo efectivo a la corrupción promovió su generalización al punto tal que se terminó acuñando la famosa frase ‘roba pero hace’. Es decir una sociedad que no supo o no pudo aplicar la ley para sancionar a los corruptos generó un sistema de funcionamiento donde se termina conviviendo y naturalizando uno de los graves males de la administración pública.

Las empresas no son la excepción a este principio y si no son sancionadas por incumplir los derechos del consumidor, realizaran sus transacciones comerciales sin tener en cuenta lo que la ley señala. Tan así es, que muchas empresas ni siquiera conocen en profundidad a la citada norma cuando en realidad tendrían que consultarla cada vez que sacan un nuevo producto o realizan una publicidad o una oferta.

El legislador dejó claro que la multa tiene que considerar ‘el peso específico de la empresa en el mercado’ es decir que a una empresa grande hay que aplicarle multas grande y a una empresa chica multas chicas. Así de sencillo. Porque si lo que pretende la ley es ‘corregir la conducta’ la aplicación de la sanción tiene que impactar sobre la voluntad del infractor. A pesar que es así de claro, no hubo en Argentina una verdadera política de multas que provocara en las empresas vocación de respetar los derechos del consumidor.

Las pocas multas que se aplican en relación a las muchas infracciones que se cometen son bajísimas en montos y en algunos casos con cifras irrisorias. Propias de un gran desconocimiento técnico de los funcionarios intervinientes y su carencia de coraje. Imponer una sanción de algunos miles de pesos a empresa como en el caso de las de telefonía celular que facturan miles pero de millones de pesos es una burla para el ciudadano.

Recientemente la ley aumentó de $ 500.000 a $ 5.000.000 el tope de la multa, y lo que en apariencia es una actitud progresista de nuestra dirigencia es simplemente un caso de ‘publicidad engañosa’ porque en la década que el tope fueron el medio millón de pesos solo en solo dos ocasiones se aplicó ese monto. Y desde el nuevo tope el 99,5% de las multas son inferiores al viejo monto. El promedio de las multas tendría que estar en torno al millón de pesos por infracción, en el rubro de las 100 grandes empresas que explican el 50% de los reclamos. Para ello tendría que haber una decisión políticas de los gobiernos (locales, provinciales y nacionales) y funcionarios idóneos que las sepan aplicar.

Los citados artículos establecen:

ARTICULO 47. Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:

a) Apercibimiento.

b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) .

c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días.