El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido declaró con ironía desde la cárcel de Marcos Paz -donde se encuentra detenido desde hace un año- que “aún no encontraron el PBI que se supone que me apropie”, en el marco de la declaración indagatoria que brindó en la causa Odebrecht, que investiga el supuesto pago de coimas en las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El ex funcionario insistió además en “la falta de pruebas en su contra”, en el testimonio que ofreció el miércoles pasado, reproducido por el sitio digital Infobae. De Vido insistió en la teoría de la “persecución política” en su contra e hizo propios los argumentos de empresario Angelo Calcaterra, también imputado en el caso.

“No puede decirse que tenga vínculos de amistad con la empresa Iecsa, ni que el primo de quien hoy ejerce el cargo de presidente de la Nación (Mauricio Macri) sea de mi círculo cercano de amistades, y sin embargo, no puedo más que coincidir con las deficiencias por él señaladas al momento de prestar declaración indagatoria”, aseguró De Vido, en videoconferencia con al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi, quienes entienden en la causa.

“Estamos todos sometidos a un nivel de indefensión manifiesto”, y “es imposible defendernos de aquello que no nos ha sido identificado”.

Y alegó que “son tantos los expedientes en los cuales he sido citado a declarar en razón de las mismas imputaciones, que a esta altura ya no encuentro muchas más palabras para expresarme”.

“El hecho de haber ejercido un cargo de poder en una estructura inmensa como es un Estado Nacional no determina mi participación en todas y cada una de las secuencias que pudieran desarrollarse, por más que se intente transformar el derecho penal de acto en un ilegítimo derecho penal de autor por estos días”, explicó. La empresa brasileña Odebrecht es investigada por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la construcción de dos plantas potabilizadoras y la ampliación de gasoductos.

En todas está implicado De Vido, y los procesos comenzaron luego de que la compañía admitió que pagó 36 millones de dólares a funcionarios argentinos en supuestas coimas, hasta el 2015, para participar en los proyectos en los que realizó inversiones.

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