28 de marzo 2012 - 00:00
Crece la bronca por promesas incumplidas en San Fernando
El intendente dice que se necesitan 312 cámaras, pero sólo funcionan las poco más de 60 que se habían instalado en agosto de 2011. Hay basurales y el malestar también es de Sergio Massa.
Crece la bronca por promesasincumplidas en San Fernando
Las promesas de campaña de Luis Andreotti para mejorar la seguridad en San Fernando siguen sin concretarse a tres meses de su asunción como intendente generando un gran malestar entre vecinos, cuyas quejas recibimos con frecuencia en la redacción de EL NORTEÑO con tópicos diversos: falta de seguridad y de higiene, entre otras.
Con más de 100 días en el cargo, Andreotti insiste con que “en San Fernando se necesitan 312 cámaras” pero sólo se mantienen en funcionamiento las poco más de 60 que se habían instalado en agosto de 2011.
Durante una recorrida antes de ser elegido jefe comunal, Andreotti había indicado que “la inversión en seguridad no es un gasto, es inversión y en un distrito chico como San Fernando no acompañar el trabajo de las localidades vecinas de prevención sería estar en un Municipio donde estamos más propensos a que se comentan delitos”.
Sin embargo, en declaraciones recientes, dejó en claro que aún no puso en marcha su promesa y que tampoco cuenta con los recursos para cumplirlo. “Le hemos pedido a la provincia la autorización de poder construir una comisaría de la Mujer, siempre que después venga el personal y dividir la comisaría Primera como queríamos en Primera y Quinta, pero también el municipio se compromete a hacer la parte del inmueble pero hay tienen que estar disponibles los efectivos por parte de Provincia para poder realizarlo”, señaló. Todo esto generó el malestar del intendente de Tigre, Sergio Massa, por haber sido tomado como “ejemplo”, pero sin seguir sus pasos.

Sesiones polémicas
A la falta de respuesta a los problemas de inseguridad, se le suman escándalos en el Concejo Deliberante como ocurrió en la sesión especial donde se recordó el Golpe Militar de 1976 y en duros cruces y acusaciones por rivalidades políticas con la presencia del intendente Andreotti.
Por si fuera poco, el escándalo fue observado por alumnos de varios escuelas del distrito que habían sido invitados a la sesión y fueron retirados por los docentes.
Incluso, la integrante de la Comisión por la Verdad y Memoria de la Zona Norte, Rufina Gastón, que había sido convocada para para hablar también se retiró temporalmente con mucha indignación. “¿Qué ambiciones políticas han cambiado que no les podemos demostrar a los jóvenes que podemos convivir dentro de las instituciones?. Aprendamos de la historia terrible que hemos vivido, y empecemos a mirarnos a los ojos para llevarlo adelante. Vine con la ilusión de poder contarles que viene el juicio más importante, el que va a juzgar a los civiles. Siento mucha tristeza”, indicó.
Hace poco más de un mes, el Concejo Deliberante había sufrido otro cruce durante el tratamiento de la demolición del ex mercado Grondona para la construcción de un parque público. Los concejales del Frente para la Victoria presentes se retiraron del recinto y señalaron la falta de notificación de los temas. El edificio, además de ser considerado un patrimonio del municipio, iba a ser utilizado para una escuela de arte.

Caos administrativo
Otro de los inconvenientes que se generaron en la gestión de Andreotti fue cuando el intendente revocó un decreto, firmado antes de las elecciones primarias del año pasado, que pasaba a empleados contratados de planta provisoria a la planta permanente, y luego los trabajadores fueron cesanteados.
Trabajadores de la comuna nucleados en ATE realizaron una protesta en la puerta del palacio municipal y el bloque de concejales del Partido Justicialista/FPV y la diputada provincial Viviana Nocito emitieron un comunicado que indicaba: “Ante el nivel de conflicto y el caos administrativo generado por la gestión del Intendente Andreotti, los trabajadores municipales fueron empujados a tomar la decisión de ocupar el municipio, como forma de protesta por las decisiones arbitrarias y anticonstitucionales que derivaron en el despido, la reducción horaria, el maltrato y hostigamiento del que son objeto”.
“No se recuerda en la historia de San Fernando, un estado de conflictividad permanente como sucede desde el 10 de Diciembre, cuando luego de asumir la nueva administración, sin contemplaciones eligió como “blanco” de sus arbitrariedades a los servidores públicos, quienes no encontraron en sus múltiples llamados al diálogo un interlocutor válido que permitiera llamar a la sensatez a quienes se sienten los dueños del destino, el presente y futuro de los trabajadores”, señala la misiva.
“Hacemos un llamado al diálogo, para que se revean las medidas tomadas y se revierta el actual estado de caos administrativo, conflictividad laboral y abandono de los servicios y políticas públicas, que perjudican a los trabajadores y a la sociedad sanfernandina en su conjunto”, concluye.