El diputado nacional José Manuel Cano (UCR) pidió a la Justicia de Tucumán, a través de un amparo, que ordene al Ejecutivo local que se abstenga de convocar a elecciones provinciales en forma anticipada.

Solicitó en tal sentido ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se dicte una medida cautelar para que en ese distrito se suspendan las elecciones provinciales, municipales y comunales correspondientes a 2019, hasta que se reglamente la ley de voto electrónico.

“De acuerdo a lo manifestado y más en mi carácter de diputado nacional por la Provincia de Tucumán, me encuentro legitimado para deducir la presente acción, por lo tanto cuento un interés legítimo y actual de que haya un pronunciamiento judicial de rango sobre esta cuestión, que reitero asume carácter de gravedad institucional”, sostiene Cano en el escrito que presentó ante la justicia federal.

El ex titular del Plan Belgrano considera que si en estas condiciones se convoca a elecciones habría “una grave afectación a la voluntad popular y el sistema republicano al no respetar (el Gobierno de la Provincia) el mandato constitucional dispuesto en los arts. 43 inc. 3 y 157 de la Constitución”. El planteo de Cano se sustenta en que se considera “parte afectada” en cuanto “participante de las próximas contiendas electorales provinciales a celebrarse durante el año 2019”.

En su presentación, el dirigente radical recuerda que el artículo 43 de la Carta Magna de la provincia norteña establece “el sistema de votación electrónica, cuyas características será establecidas por Ley”.

En ese sentido recuerda que “el sistema de votación electrónica, “se aplicará en forma progresiva, según lo permitan las exigencias técnicas y económicas que su ejecución demande”. Además, menciona que la ley reglamentaria del voto electrónico debería haberse aprobado antes de la finalización del año 2006, y que “mientras tanto”, se mantenía “el sistema electoral que esta Constitución establece y leyes que reglamenten la materia.’

“La norma comentada permite oponer el amparo contra la omisión deliberada e ilegal de la Legislatura de la Provincia de Tucumán en el dictado de las Leyes ordenadas por la Constitución”, algo que según Cano “era reclamado y ordenado para tutelar y defender los derechos y garantías electorales”.

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