Las defensas de Milagro Sala y de otros imputados pidieron la nulidad de la causa conocida como Pibes Villeros porque, según afirmaron, el fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana la impulsó y actuó como querellante sin estar habilitado para desempeñarse como abogado en Jujuy.

El titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy impulsó la investigación pese a que “no estaba habilitado para ejercer como abogado sino hasta el martes pasado, cuando el Colegio de Abogados de Jujuy expidió su matrícula”, según dijo Juan Cabezas, defensor del imputado Alberto Cardozo.

En la audiencia preliminar de esta causa elevada a juicio, Cabezas solicitó la nulidad de todo el proceso o, cuando menos, de los actos en los que intervino Millón Quintana.

La defensa de Sala objetó a su vez que el Ministerio Público de la Acusación encabezado por el fiscal Sergio Lello hizo un requerimiento de elevación a juicio “impreciso, genérico, vago y fuera de los requisitos de tiempo, lugar y modo en que se imputan los delitos a los acusados”.

En la causa Pibes Villeros, además de Sala, están imputados unas 30 personas, entre cooperativistas y ex funcionarios, por supuesta defraudación al Estado, comprendidos 29 millones de pesos presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales en obras que, según la Fiscalía, “no fueron ejecutadas”.

“A Milagro se la acusa de liderar una asociación ilícita de la que no se define la fecha en que empezó a funcionar ni cómo funcionó”, sostuvo la abogada Paula Álvarez Carreras, una de las defensoras de Sala.

“Se habla de delitos sin aclarar con qué fines se habrían cometido, no sabemos qué hechos, qué conductas ni en qué año se cometieron la defraudación o la extorsión como parte de la asociación ilícita”, argumentó.

Para la letrada, “la omisión de describir adecuadamente los hechos por los cuales se somete a una persona a un proceso penal impide que se pueda defender”.

En otro de sus cuestionamientos, la defensa de Sala argumentó que, tomando en cuenta el Código Procesal que rigió hasta el 31 de agosto de 2011, los hechos denunciados “deberían ser investigados por un juez de instrucción”.

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