Una anciana que hace seis años casi pierde la vida, será indemnizada con casi 200.000 pesos. En la noche del 18 de julio de 2000, la mujer, que en ese entonces tenía 79 años, se bajó del tren en la Estación Villa del Parque. Mientras caminaba por el anden, un ladrón, desde el estribo de la formación que se ponía en movimiento, quiso arrebatar su cartera. Como fruto del tironeo, cayó a las vías. El pánico se apoderó de pasajeros y trabajadores ferroviarios: si venía el tren en la dirección contraria, podía morir aplastada. Finalmente la señora, que ahora tiene 85 años, se salvó de milagro. Sin embargo, le tuvieron que amputar su pierna izquierda, por lo quedó postrada en una silla de ruedas. Además sufrió una luxación en el hombro con fractura y una fractura de cadera. Después un largo proceso la justicia falló a su favor, y la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín deberá indemnizarla con 198.000 pesos, más intereses, por haber “incumplido el deber de seguridad que asumió al recibir la concesión”. Así lo decidieron los jueces Gerardo Vasallo e Isabel Míguez, Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Luego de determinar en primera instancia que la mujer sea indemnizada con 158.000 pesos, dictaminaron que también hubo “daño moral”, por lo que aumentaron la cifra en 40.000 pesos. Sin medidas de seguridad Las pruebas más contundentes surgieron del análisis detallado de la grabación de las cámaras de video de seguridad. A partir de estas evidencias, el juez de primera instancia dictaminó que si el tren no hubiera arrancado con las puertas abiertas, el carterista no habría podido sacar su cuerpo para intentar arrebatar las pertenencias de la anciana. Como agravante, se comprobó que no había personal de seguridad ni en ninguno de los vagones, ni en la estación. Es decir, que la empresa no garantizaba la integridad de los pasajeros. La Justicia dictaminó que el delincuente pudo actuar por “el incumplimiento de la empresa de transportes” y señaló que “ante la frecuencia y la gravedad de hechos vandálicos, el transportista debe extremar las medidas de seguridad y prevención de siniestros”. Por su parte, voceros de la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín opinaron que “el Estado tiene la obligación de brindar seguridad” y que “no se puede echarle la culpa a una empresa de la inseguridad que se sufre en todo el país”. Según manifestaron los voceros de la empresa, “hay otras salas de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que tienen otro criterio”.

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