Siguen los ecos por el fallo que le dio la razón al mismo fondo buitre que logró retener a la fragata Libertad en Ghana. Para Diana Mondino, lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones es “sumamente razonable”.
La economista Diana Mondino consideró ayer que el reciente fallo de la justicia de Nueva York adverso para la Argentina es “sumamente razonable”, porque no se puede discriminar en el pago de deuda entre los bonistas que aceptaron el canje y los acreedores que no estuvieron de acuerdo con esa reestructuración.

Por su parte, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado juzgó como un “error” que, en el marco de la reestructuración de la deuda en default, el gobierno haya cerrado la posibilidad de entrar al canje más adelante a los acreedores que no aceptaron esa operación.

Un tribunal de Apelaciones de Nueva York, Estados Unidos, dictaminó el viernes último que la Argentina “discriminó” a los tenedores de bonos en default que rechazaron ingresar en los canjes de 2005 y 2010, al decidir pagarles “después” de aquellos que sí entraron en las negociaciones.

Se trata de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que ratificó un fallo del juez Thomas Griesa de febrero pasado, causa en la que, entre otros, litiga el fondo NML, con sede en las Islas Caimán, que exige más de 370 millones de dólares y logró que la justicia de Ghana retenga en un puerto a la fragata Libertad, desde el 2 de octubre pasado.

La Cámara neoyorquina, por fallo unánime de sus tres integrantes, afirmó que la Casa Rosada violó el “tratamiento igualitario” que debía a los bonistas en el marco de las reestructuraciones de deuda tras la crisis de 2001, por más de 100.000 millones de dólares.

Para la economista, Diana Mondino “ese fallo era sumamente esperable y muy razonable de acuerdo con lo que son las leyes americanas, era muy predecible con respecto al pago de la deuda”.

La economista planteó: “El fallo de Estados Unidos, básicamente lo que indica es que cuando uno va al equivalente de una quiebra o a una convocatoria con algunos acreedores, a los que no estuvieron de acuerdo hay que pagarles lo mismo que a los demás”.

“También con las leyes argentinas. Si esos juicios se hubieran llevado a cabo en Argentina hubieran tenido el mismo resultado”, aclaró. La analista dijo que “toda decisión que uno toma, tiene un beneficio y un costo, lo que no podemos ocultar es el costo, negarlo a verlo”.

“Argentina puede decir ‘no estoy dispuesto a pagar el cien por ciento (de deuda) he arreglado un porcentaje menor’, pero se lo tiene que pagar a todos, no puede decir que al que no estuvo de acuerdo le paga cero, que es lo que ha ocurrido”, objetó.

Mondino reprochó que el gobierno argentino sólo habla “de la parte positiva” y en ningún momento considera el costo de una decisión. “Argentina como no pagaba utilizó un dinero, que debería haberse usado para pagar, para otros fines que nos permitió crecer mucho. Pero llega un momento que el costo de no haber pagado también se manifiesta”, remarcó.

Por su parte, Redrado subrayó que “el 92 por ciento de los que tenían títulos en 2001 que cayeron en cesación de pagos han canjeado por nuevos títulos”. Según evaluó, “el error que se cometió en 2010 es no dejar abierta la posibilidad para que los que quieran canjear por nuevos títulos lo puedan hacer, con la penalidad de no percibir los intereses atrasados”.

“De esa manera, se invierte la carga de la prueba. Usted puede ir a un juzgado y decir: “Este señor no cobra porque no quiere pero tiene los títulos depositados en un fideicomiso”, explicó.

En cuanto a lo sucedido con la Fragata Libertad, Redrado dijo que “una estrategia judicial y financiera más inteligente sería lo apropiado para recuperarla”.

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