En otro pasaje de la entrevista, Francos se refirió al reclamo de las autoridades universitarias que exigen la actualización del presupuesto educativo, al sostener que “cuando hay que ajustar los gastos hay que hacerlo en todos lados”.
“Es importante despolitizar el conflicto”, pidió el funcionario de cara a la movilización prevista para el martes 23 de abril de las casas de estudio, y planteó: “Es público que las universidades han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales, pero también han sido un vehículo de utilización partidaria por algunos sectores que se han dedicado a hacer política”.
El ministro Guillermo Francos pidió despolitizar el conflicto en la universidad pública. Fuente: Crónica TV.
En la misma línea, planteó: “Así como el Estado nacional ha ajustado sus cuentas, por qué no nos dedicamos a analizar a ver si las universidades nacionales no se han convertido en un lugar donde se ha generado trabajo artificial, innecesario”.
“Cuando hay que ajustar los gastos hay que ajustarlos en todos lados, no es un sector el que deba ser privilegiado sino que todos tenemos que analizar cuál es la manera más eficiente de invertir los recursos del Estado en la educación pública y en la universitaria”, desarrolló al respecto el ministro.
Tras la denuncia de adoctrinamiento en las universidades de Milei, Francos pidió “ver cómo se utilizan algunas medidas para exacerbar el problema".
La obligación de “controlar que no haya desfasajes"
En otro pasaje de la entrevista, el ministro del Interior justificó el accionar de la administración libertaria de retrotraer las tarifas de las empresas de medicina prepaga a diciembre al sostener que “el Estado tiene la obligación de controlar que no haya desfasajes que afecten a la mayoría de la población”.
“Entiendo que esto afectaba muy fuertemente a sectores importantes de la población y generaba una gran angustia por la desatención médica y le pareció necesario retrotraer los valores al mes de diciembre y que se actualice en función de la inflación”, manifestó, y aclaró: “No es que sea la vocación del gobierno de intervenir en la economía, lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de controlar que no haya desfasajes que afecten a la mayoría de la población. Es una responsabilidad de gobierno que no se puede eludir”.