La medida sobre la empresa que es propiedad de Lázaro Báez también contempla que pase a ser “coadministrada” por un perito del Poder Judicial, especialista en casos de corrupción.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) y dispuso la intervención de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez. La sociedad pasará a ser "coadministrada" por un perito del Poder Judicial, que tendrá que ser un "especialista en casos de corrupción y delitos contra la administración pública".

Según precisaron fuentes de la IGJ a NA, la denuncia comenzó a raíz de una visita del organismo a la constructora, que no presentaba balances contables desde el 2010 y no renovaba a sus autoridades desde el 2011.

Como consecuencia de esta irregularidad, el inspector general de Justicia Sergio Brodsky le aplicó a la empresa y a su último presidente, Julio Mendoza, una multa de 60.000 pesos.

El organismo, encargado de fiscalizar a las empresas, pidió entonces una medida cautelar para que el cuerpo de peritos del Poder Judicial designe a un interventor que "coadministre" la sociedad y "preserve y regularice" a la compañía y a sus puestos de trabajo.

Este recurso fue rechazado en primera instancia por el juzgado en lo Comercial N 1, secretaria 1, a cargo del Dr. Alberto Aleman, pero la IGJ apeló y la causa Sala C de este tribunal, que este lunes firmó la resolución que hizo lugar al pedido de intervención.

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Si bien los directivos de Austral Construcciones también pueden apelar esta decisión, en principio ya se dio inicio al proceso y el Poder Judicial tiene entre diez y 15 días para designar al especialista que tendrá diferentes funciones dentro de la constructora.

De acuerdo a lo que trascendió, una de sus primeras funciones será la de auditar e investigar en profundidad todos los aspectos de la firma y recoger todos los datos relacionados con las investigaciones que se vayan llevando a cabo.

También, tendrá que "informar acerca de quiénes son los socios (internos -directos o indirectos- y externos) de la aludida sociedad, como así también obtener información de todas las personas que hayan actuado por ella o para ella".

Para esto, el interventor podrá investigar las cuentas que estos directivos tengan en la Argentina o en el exterior.

Austral Construcciones surgió a mediados del 2003 y es investigada desde hace varios años por presunto lavado de dinero.

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