"La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional", explicó Capitanich.
Y mencionó, además, que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.
"Tiene que existir una responsabilidad objetiva por parte de quien administra las cajas provinciales respecto a poder asumir los compromisos, porque si no resolvería un problema hoy para generar otro mañana", agregó.
Luego de las idas y vueltas del comienzo de la situación, el jefe de Gabinete reconoció la existencia de una llamada telefónica del gobernador cordobés, Juan Manuel de la Sota, reclamando el envío de tropas de seguridad para controlar el caos en que se habían convertido las calles, con saqueos de comercios y supermercados. Al final, la Nación se comprometió al envío de 2.000 gendarmes en tres etapas para ayudar a la policía de Córdoba a llevar tranquilidad a los habitantes de la provincia mediterránea tras los saqueos de la noche del martes.
