La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, prohibió la salida del país a dos ex funcionarios del gobierno provincial y a otras ocho personas que son investigadas en una causa por supuesto lavado de activos, evasión fiscal y fraude en perjuicio de la provincia.

En el oficio, la jueza dispuso “la prohibición de salida del país por el período de un mes” a Héctor Horacio Rey, secretario general de la Gobernación hasta la tarde del viernes, y Roberto Marcelo Lugo, ex subsecretario de Comercio y Servicios, quienes fueron separados el viernes de sus funciones por el gobernador Domingo Peppo.

La medida también comprende a Susana Beatriz Fernández e Ismael Ángel Fernández, quienes se desempeñaban en oficinas de la Gobernación y a Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Mónica Viviana Yaczuk, Hugo Orlando Rey, Facundo Edgardo Marcelo Gil y Walter Rolando Retamozo.

La magistrada comunicó la decisión al jefe de la Delegación Barranqueras de Prefectura Naval y pidió se comunique esta orden a Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En la causa la jueza también investiga la condición de proveedores del Estado a las empresas Real Comercializadora SRL, Finza SA, Ibe SA, Brandon SA, Amplitud SA, Paxtron SA, Framuna SA y a las fundaciones Bianca, Volver a Empeza, Miqueas y Servir y Crecer.

La jueza ordenó el viernes el allanamiento de oficinas de la sede del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de una causa en la que se investiga una supuesta evasión y lavado de activos de un funcionario del gobierno chaqueño.

El allanamiento tuvo como objetivo recabar información vinculada a las actividades de Rey, de cuya oficina en la Casa de Gobierno se llevaron una importante cantidad de documentación, indicaron fuentes judiciales.

También fueron allanadas las sedes de Fiduciaria del Norte y del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales así como en una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y una agencia de publicidad.

El viernes por la noche, Peppo separó por decreto a Rey y Lugo de sus funciones, y también a Susana Fernández e Ismael Fernández, quienes cumplían actividades en la oficina privada del gobernador.

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