El proyecto, explicó la CTA en el parte de prensa, busca que el Estado bonaerense tenga un control mayor "sobre las utilidades y la fiscalización del juego y además cambiar la ecuación de rentabilidad que en la actualidad perjudica al Estado provincial".
En ese sentido, manifestó que "el sector privado que maneja los bingos y las salas de azar (casinos) se queda con el 70 por ciento de las utilidades y el resto va al Estado, es decir apenas el 30 por ciento".
"El objetivo de la CTA es dar vuelta la ecuación y que el Estado provincial obtenga la mayor rentabilidad", reportó la CTA y advirtió que "existe una relación de competencia desleal entre el Estado y el privado ya que los bingos que son privados pueden ser trasladados dentro de la provincia, en cambio los casinos que son estatales no pueden hacerlo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes".
