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30 de noviembre 2012 - 10:31
La Provincia asegura que no va a vetar la "ley de countries"
Se aplicará una reglamentación  estricta para evitar que se viole la propiedad privada", indicó el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez.

 Gobierno bonaerense asegura que no va a vetar la "ley de countries"

El Gobierno bonaerense garantizó hoy que no vetará la ley que obliga a countries ceder un 10 por ciento    de sus terrenos o su valor equivalente para la construcción de viviendas sociales, aunque aseguró que será "muy estricto" en la aplicación de esa norma para que "no se viole la propiedad privada".

"Se aplicará una reglamentación muy estricta para evitar que se viole la propiedad privada. Al espíritu de crear tierras sociales, se le tiene que sumar el de cuidar la propiedad privada y los derechos adquiridos", indicó el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez.

Ayer, el Senado bonaerense aprobó el proyecto de ley que obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios como countries y clubes de campo, de más de 5 mil metros cuadrados, a ceder un 10 por ciento de sus terrenos o su equivalente en efectivo, para la construcción de planes de vivienda sociales.

La norma modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo para "abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, desalentando las prácticas especulativas" sobre la tierra.

La norma en cuestión también dispone un aumento adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a los baldíos, y una contribución especial para las viviendas o terrenos cuyos valores aumenten 
como consecuencia de obras o cambios de zonificación que produzcan los municipios. 

 La norma busca atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional y propone instrumentos para reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.
La Ley habilita a la Provincia a rehabilitar y adecuar normativamente los inmuebles fiscales aptos para uso social y colectivo y a facilitar tierra fiscal destinada al Programa ProCreAr implementado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La norma votada hoy considera parámetros mínimos de calidad ambiental y de infraestructura para las viviendas. Los proyectos de urbanización deben prever obras de infraestructura mínimas que se ejecutarán en forma progresiva, como calles y obras de escurrimiento de aguas superficiales y desagües pluviales; energía eléctrica para alumbrado público y uso domiciliario; agua potable en cantidad y calidad; y forestación y señalización urbana. También se incluyeron criterios para avanzar en la integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios.

La iniciativa establece para los grandes desarrollos inmobiliarios el pago de una contribución obligatoria no inferior al diez por ciento de la valorización inmobiliaria, siempre que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados.

En la sesión se modificó Ley Orgánica de las Municipalidades, con el fin de asegurar la decisión ciudadana en relación a los actos de los órganos de gobierno e instituciones previstas por la Constitución. El cambio habilita la revisión judicial en los casos de suspensión preventiva o destitución de los intendentes municipales o de cualquier concejal.