La iniciativa es el resultado de la fusión de proyectos similares elaborados por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Ottavis, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista; Gustavo Vignali, de Radicales del Pueblo; y Ricardo Lissalde, de Alternativa Peronista. En las 3 propuestas, el objetivo es idéntico: resguardar los ingresos de los jubilados y pensionados, protegiéndolos de terceros que -bajo el amparo de conceptos financieros distorsionados- operan abusivamente en el sistema, efectuando descuentos excesivos y provocando que de tal modo se desvirtúe la función social del crédito para el solicitante, transformando aquello que en principio debería ser una ayuda para quien lo solicita en una carga imposible de sostener.
