En los despachos oficiales se evaluaba la posibilidad menos querida: la de tener que afrontar paros simultáneos de docentes y otros sectores de trabajadores del Estado.
El escenario tan temido por el gobierno bonaerense ya está montado: los docentes se encuentran a punto de disponer medidas de acción directa que amenazan con perturbar el inicio de las clases. Y su reclamo podría arrastrar al resto de los estatales, incluso a los empleados de la Justicia. La administración de Felipe Solá ha quedado, tras el aparente fracaso en la negociación salarial con los maestros, de cara a una situación complicada. La propuesta a los docentes es el parámetro oficial que se tomará para hacer la oferta al resto de los sindicatos estatales, y la negativa de los educadores a aceptarla deja a los otros gremios en una posición incómoda, al borde de tener que seguir el mismo camino. Por eso ya en los despachos oficiales se evaluaba sobre el fin de semana la posibilidad menos querida: la de tener que afrontar paros simultáneos de docentes y otros sectores de trabajadores del Estado en coincidencia con el inicio de las clases. Pero nada aún está decidido pese a las advertencias de uno y otro lado. La administración provincial asegura que no se moverá de la propuesta salarial que fue categóricamente rechazada y los maestros sostienen que van camino al paro. Sin embargo, salvo que se rompa la lógica de las últimas negociaciones, es probable que exista algún cambio en el planteo oficial. De hecho, el ministro de Economía, Gerardo Otero, sigue analizando alternativas. U
na relación tirante
Para la Provincia, la negociación con los docentes nunca perdió de vista la tirante relación que por estas semanas se registra con el gobierno nacional, en la que la política se mezcla, en un cóctel peligroso, con las finanzas. Solá requiere, cada vez con más urgencia, que la administración de Néstor Kirchner resuelva la refinanciación de deudas por unos 2.500 millones de pesos que genere un desahogo financiero al primer distrito del país. Pero las gestiones no ven el final del túnel, mientras se consume el tiempo de descuento para evitar conflictos en el inicio de las clases. Hubo, en el desenlace del por ahora frustrado acuerdo con los docentes, jugadas políticas arriesgadas de uno y otro lado. Desde el sector oficial, el propio Solá encabezó días pasados una reunión con el ministro de Educación, Daniel Filmus, en procura de bajar las expectativas gremiales. Concretamente, buscó que la Nación ofreciera sólo hasta 800 pesos como sueldo inicial, una cifra que la Provincia consideraba más potable de afrontar en función de sus posibilidades. Se comenta que Filmus tanteó al gremio nacional CTERA con esa cifra y se encontró con una cerrada negativa. Entonces, ante la previsión de un conflicto que pudiera recorrer los distintos sectores del país, acordó que la garantía salarial sería de 840 pesos en todas las provincias más allá de la situación particular de Buenos Aires y sus necesidades.
Movidas de ajedrez
Sobre esa negociación fallida del Gobernador también pivotearon los gremios docentes bonaerenses. Al tanto de la movida oficial, decidieron esperar el desenlace del acuerdo nacional con CTERA antes de formalizar cualquier acuerdo con los funcionarios de Solá que los hubiera dejado atrapados. Esa especulación, se comenta, generó el enojo de la directora general de Educación, Adriana Puigróss: dicen que, desencajada y a los gritos, se lo reprochó a uno de los popes sindicales antes del crucial encuentro del jueves. En medio de ese clima de desconfianzas mutuas, los docentes escucharon la oferta del gobierno. La reunión no podía durar más de lo que duró: en 15 minutos, cada uno se fue a su casa. Que la Provincia diga que ofreció una cosa y los gremios que escucharon otra, es parte del nivel de desencuentros que abriga la traumática relación de Solá con los maestros. ¿Qué es lo que argumenta la Provincia a la hora de hablar de sus “limitadas” posibilidades para mejorar la oferta salarial a los docentes?. Una vez más, hay que remitirse a la dilatada negociación con la Nación. La falta de acuerdo hizo que en enero a las arcas bonaerenses ingresaran 230 millones de pesos menos por coparticipación y para este mes que ya se va, se aguarda una situación similar. No se trata de cifras menores: representan el 40% de los ingresos nacionales que recibe la Provincia. Mientras no haya una refinanciación de deudas o una ayuda financiera, ese bache se seguirá extendiendo. Pero el problema mayor es la incertidumbre, admiten los funcionarios. Nadie se atreve a arriesgar cuándo se firmará el acuerdo. “Y el aumento a los docentes que insumirá en el año casi 800 millones de pesos, se terminó proyectando casi en el aire”, señalan cerca del ministro Otero. Y agregan un dato: por la ley de Financiamiento Educativo, la Nación irá en ayuda de 11 provincias chicas para que puedan garantizar los 840 pesos iniciales para todos los maestros. “En cambio, nosotros no recibimos nada”, dicen los funcionarios con un dejo de resignación.
Un riesgo latente
Ante la posibilidad latente de que Buenos Aires sea la única provincia en la que no puedan empezar las clases, Solá comenzó una tarea que apunta a encontrar oxígeno político. En las últimas horas se reunió con legisladores provinciales de su sector y dirigentes afines que salieron del encuentro que se desarrolló en la Gobernación lanzando críticas virulentas a los gremios. También encontró por el camino un pequeño gesto, aunque gesto al fin, de Filmus. El ministro reconoció que la oferta que le hizo la Provincia a los docentes es superior a la formulada por el gobierno nacional. Resta por ver si ese apoyo se traduce en contribución concreta. La rápida movida del Gobernador de rodearse de apoyo no parece casual: sigue dando vueltas la sospecha de que un conflicto salarial con los docentes pudiera terminar en una intervención de Néstor Kirchner. Y si se llegara a ese extremo Solá pretendería no soportar en soledad una posible intromisión presidencial que lo dejaría descolocado. Sobre el fin de la semana, otra movida de Kirchner hizo transpirar a no pocos funcionarios bonaerenses. Fue cuando el Presidente se lanzó contra los intendentes que aumentaron la presión tributaria en sus distritos y les pidió en tono imperativo que den marcha atrás con esa medida que ya generó reclamos vecinales transformados en algún caso en corte de rutas. La ecuación es simple: puede que los jefes comunales involucrados finalmente acuerden morigerar o directamente dejar sin efecto los aumentos que en algunos casos llegaron a niveles escandalosos. Pero, ¿quién los va a compensar, la Nación o la Provincia?. No fue casual que los funcionarios bonaerenses que recibieran a una coordinadora vecinal del Conurbano que llegó la semana pasada a reclamar a la Gobernación, optaran literalmente por lavarse las manos. “La atribución de aumentar las tasas es de los concejos deliberantes”, les dijeron. Pero, claro, luego hizo su irrupción Kirchner y, de paso, ordenó a la Provincia que también se pusiera al frente de esta presión para reducir los montos de las tasas municipales. Los próximos días despejarán las dudas sobre este tema que, como el salarial, explotó en el final de un febrero movido.

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