Serán los requisitos que le planteará el Ejecutivo a cada cartera de acá a fin de año, para contrastar con los escándalos de corrupción en el kirchnerismo que cobraron trascendencia con la causa de los cuadernos.

Acaso para contrastar la gestión oficial con los escándalos de corrupción del kirchnerismo devenidos de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, uno de los principales temas tratados ayer en la reunión de Gabinete fue el plan de transparencia e integridad que el Ejecutivo exigirá a cada uno de los ministerios de aquí hasta fin de año.

Luego que Mauricio Macri realizara un balance del debate sobre la legalización del aborto y la necesidad de incrementar la educación sexual y mejorar la aplicación de la ley de salud sexual y reproductiva en provincias de norte y en territorio bonaerense, el que tomó la posta fue el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, que dio a conocer los alcances de los requisitos de integridad que deben cumplir los diferentes organismos.

También se esbozó el plan nacional anticorrupción que el Ejecutivo pretende anunciar en las próximas semanas. “Aún se está trabajando en su elaboración”, remarcaron en el gobierno.

Sánchez coordina la denominada Mesa de Integridad que elaboró el Tablero de Integridad en el que se reflejan indicadores como el nivel de cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios o la implementación del expediente electrónico y de las plataformas para canalizar las compras y contrataciones públicas (COMPR.AR) y las licitaciones de obra pública (CONTRAT.AR).

A consecuencia de la denuncia de los “cuadernos de la corrupción” que investiga el juez federal Claudio Bonadio, empresas como grupo Albanesi, Isolux Corsan o IMPSA -mencionadas en la causa- quedaron en el foco de la tormenta. Con todo, en el gobierno no van a quitar a las firmas de las licitaciones en curso hasta que no haya una sentencia en contra o un proceso judicial avanzado. “No podemos apurarnos o ser atolondrados en este proceso. Después se vienen juicios millonarios contra el estado, como ocurrió con YPF o con (la brasileña) Odebretch que por ahora vamos ganando”, dijo un funcionario consultado.

Este protocolo de acción, se informó, fue adoptado para los proyectos que impulsan los ministerios de Interior y Obra Pública, Energía y Transporte.

A su turno, un estrecho colaborador del presidente opinó que “hoy las licitaciones para obra pública son transparentes, se publica todo en internet y se bajaron los costos. No se puede comparar con lo que ocurrió con el anterior gobierno”.

No fue parte de la charla el demorado proyecto de ley de extinción de dominio, que plantea la recuperación para el estado de los bienes adquiridos mediante la corrupción estatal o el narcotráfico. Finalmente la iniciativa obtuvo dictamen en la sesión del último martes del Senado: el texto que tiene dictamen de mayoría pertenece al peronista Rodolfo Urtubey y el de minoría, del oficialista Federico Pinedo. “se va a votar en el recinto la semana próxima junto con la autorización para allanar las propiedades de Cristina Kirchner pedida por Bonadio”, contó, a su turno, una fuente parlamentaria.

Con todo, durante la reunión de gabinete celebrada en el Salón Eva Perón, de Casa Rosada, también expuso el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que dio detalles sobre el decreto publicado ayer que establece que a partir del 1º de enero de 2018 el estado nacional no podrá utilizar más papeles para los trámites burocráticos. Es uno de los requisitos que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), al cual Argentina pretende ser admitida como miembro este año, le ha puesto al país: la digitalización completa para avanzar en estándares de gobierno abierto. En esa cartera afirman que con la utilización de expedientes electrónicos en el estado se pudo ahorrar unos $2 mil millones.

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