Por su parte, el reciente paquete de reformas, “a pesar de un espíritu contrario al de la promoción de regímenes especiales, llamativamente mantuvo en curso el más destacado de los mismos: el subrégimen industrial de Tierra del Fuego con un costo estimado para el estado de no percepción de recursos en torno al 0,22% del PBI”.
Bienes personales
En cuanto al impuesto a los Bienes Personales, el gobierno introdujo un incremento del mínimo no imponible a 100 millones de pesos y una reducción de las alícuotas para quienes tributan este impuesto. Con estas modificaciones y en base a los últimos datos de tributación por categoría de patrimonio imponible (año 2022) se estima que la caída en la recaudación por bienes personales sería de aproximadamente un 25% pasando de representar un 0,52% del PBI a un 0,38%. Así, la reducción impositiva a los sectores con mayores recursos de la sociedad equivaldría a la misma cuantía que la necesidad de presupuesto proyectada por el Congreso (Gráfico 1).
Según el estudio es importante aclarar que la proyección realizada es con las modificaciones inherentes al primer año del ejercicio fiscal sobre el que recae el impuesto, por lo que esta pérdida de recaudación se incrementará en el tiempo. Al mismo tiempo, el ejercicio busca escindir el efecto de la modificación en el mínimo no imponible y las alícuotas, de aquel derivado de los anticipos y pagos por adelantado del impuesto y el incremento en la tributación por el blanqueo, debido a que se quiere mostrar el costo para el Estado de la modificación del impuesto. Una vez obtenida la estimación de la recaudación de bienes personales para el período fiscal 2022, se actualizó el mismo por la inflación promedio de 2023 (113%) con el fin de obtener el monto estimado de recaudación de impuesto a los bienes personales para este año bajo el esquema de tributación impuesto por la reforma fiscal.
Gráfico 1. Bienes Personales como % del PBI
En síntesis concluye que: El análisis del esfuerzo fiscal destinado a la actualización de los recursos del sistema universitario revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado. Con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14% del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos.
Las recientes reformas fiscales subrayan la necesidad urgente de revaluar y priorizar el financiamiento de las universidades. En un contexto de restricciones presupuestarias, resulta fundamental garantizar que el desarrollo del sistema universitario no solo reciba el apoyo necesario para funcionar adecuadamente, sino que también se considere una inversión estratégica para el país, vital para la formación profesional y el progreso social.
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