Daniel Ortega aseguró que la decisión busca impedir que la oposición "atrape el gobierno". El anuncio generó rechazo de dirigentes opositores y organismos internacionales.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país "no volverá a haber elecciones" y dejó sin efecto, de hecho, los comicios presidenciales previstos para noviembre de 2027. El mandatario sostuvo que la decisión busca evitar que la oposición "atrape el gobierno", en una declaración que marca un nuevo capítulo en la situación política dictatorial que afecta al país centro americano.
Durante un acto por el 47° aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega fue contundente. "Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos [la oposición] atrapar al Gobierno, atrapar al poder", expresó desde Managua.
La suspensión de las elecciones llega después de una serie de reformas impulsadas por el oficialismo. En enero de 2025, el Congreso, controlado por el Frente Sandinista, había aprobado extender un año el mandato presidencial, lo que ya había modificado el calendario electoral.
Con la nueva declaración, las elecciones previstas para 2027 quedan sin efecto y desaparece la posibilidad de una nueva competencia electoral.
Las declaraciones provocaron cuestionamientos de dirigentes opositores y organismos internacionales.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que "la declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria" y pidió una respuesta coordinada de la comunidad internacional.
Desde la oposición, el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro consideró que el anuncio confirma un proceso de concentración de poder iniciado hace años. En la misma línea, Félix Maradiaga afirmó: "Ortega reconoció públicamente lo que siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática".
Ortega regresó al poder en 2007 y desde entonces impulsó cambios constitucionales y reformas institucionales que ampliaron el control del oficialismo sobre los distintos poderes del Estado.
Las elecciones de 2021 fueron cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional luego de que varios aspirantes presidenciales opositores fueran detenidos antes de los comicios. Desde las protestas de 2018, además, organismos de derechos humanos denunciaron detenciones de opositores, restricciones a organizaciones civiles y el cierre de miles de entidades, mientras el gobierno rechaza esas acusaciones.