Por otra parte, la Ley de Abastecimiento habilita al Estado a aplicar sanciones si se "elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas".
La aplicación de estas leyes, junto con las inspecciones y fiscalizaciones rutinarias de AFIP (respecto de temas impositivos), de ANMAT (en lo que se refiere a la sanidad en alimentos y medicamentos) y de la propia Secretaría de Comercio (a fin de verificar la facturación histórica o el cumplimiento de leyes como las de Metrología Legal), configura un menú de herramientas para el control estatal del acuerdo de precios al consumidor.
Al mismo tiempo, la apertura de importaciones en sectores que aumenten los precios desproporcionadamente (alimentos, vestimenta, juguetes y electrodomésticos, entre otros) combinada con el cierre de importaciones a insumos y partes, y las trabas selectivas a las exportaciones (por ejemplo, en leche, carne, azúcar y granos), son otras medidas de gestión que podrían castigar a los especuladores, impidiéndoles realizar ventas al exterior a las empresas que no cumplen con metas de precios.
