A pesar de que los brasileños continúan saliendo a las calles para protestar y a que las manifestaciones son apoyadas por el 75 % de la población, las movilizaciones vienen perdiendo intensidad y participación desde el jueves, cuando movilizaron a cerca de 1,2 millones de personas en un centenar de ciudades.
La manifestación de Río de Janeiro fue convocado por grupos que se oponen a la llamada PEC 37 (Propuesta de Enmienda Constitucional número 37), una iniciativa del Legislativo para reducir los poderes de investigación del Ministerio Público.
Según los manifestantes, entre los cuales varios fiscales y defensores públicos, se trata de una estrategia de algunos políticos para impedir que el organismo combata la corrupción y que terminará favoreciendo la impunidad.
Las protestas en Brasil comenzaron la semana pasada en Sao Paulo, exclusivamente contra la subida de los pasajes, pero ganaron otras reivindicaciones, como mayores inversiones en salud y en educación, y críticas contra la corrupción y los elevados gastos del Gobierno para organizar eventos como el Mundial de fútbol de 2014.
Ni la invitación al diálogo y a un pacto nacional para mejorar los servicios públicos hecha por la presidenta Dilma Rousseff el pasado viernes, ni la reducción de las tarifas de transporte público en las mayores ciudades, la reivindicación inicial de las protestas, han convencido a los brasileños a cesar sus manifestaciones.
