El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate explicó que “cuando decimos medidas de seguridad, que no dependen de la Justicia Penal, hablamos de una libertad vigilada o, en un caso más extremo, de la internación en un instituto. Algunos jueces consideran que estas medidas de seguridad son inconstitucionales, porque se articulan como una pena encubierta, y por eso las rechazan”.