Política |
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Fuentes de la Casa de Gobierno aclararon a este diario que no decretarán la emergencia alimentaria, que atribuyeron a una "chicana política". Desde la CTEP adelantaron que insistirán con el tema.
El gobierno negó que vaya a declarar la emergencia alimentaria tal como reclaman organizaciones sociales y dirigentes de la oposición, al tiempo que aseguró que avanza en la implementación de la ley de emergencia social que garantiza el pago del salario social complementario a los denominados trabajadores de la economía popular.
Un importante funcionario consultado rechazó que la administración de Cambiemos vaya a decretar la emergencia alimentaria.
“Ese reclamo es una chicana política de, por ejemplo, Daniel Arroyo que es asesor massista y fue segundo de Alicia Kirchner en el anterior gobierno. De hecho, esa emergencia está vigente por la crisis del 2000 y no hemos sino aumentado el presupuesto en comedores y programas para combatir la desnutrición como el plan Conin”, contó ayer el integrante del Gabinete mientras transitaba los pasillos de la Casa Rosada
La semana pasada varias agrupaciones de trabajadores de la economía popular se reunieron en Desarrollo Social para pedir la ejecución de la misma.
“Aspiramos que la reunión sirva para avanzar en un diálogo que permita llegar a un acuerdo para tratar la ley de emergencia alimentaria frente a los 6 millones de personas que padecen hambre y seguir con lo estipulado por la ley de emergencia social que fue aprobada en diciembre por el Congreso”, remarcó el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
Ayer Esteban “Gringo” Castro, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), dijo a este diario que esperan abordar el tema en una mesa de diálogo para avanzar en esa problemática y, al mismo, intentar activar el tema en el Congreso.
“Con los funcionarios buscaremos aumentar las raciones de los comedores y también trabajaremos para surja un proyecto de ley con propuestas más abarcativas que sólo dar de comer, porque lo que ganamos con nuestra lucha después se lo lleva la inflación y las ganancias de los grandes hipermercados”, fundamentó.
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Con todo, en el oficialismo apuestan a una convivencia “pacífica” con las organizaciones hasta después de las elecciones. “A dos semanas de las PASO no es beneficioso para ninguna de las dos partes” que haya conflicto, explicó el mismo funcionario.
Castro reconoció que no van a marchar en las próximas semanas al histórico edificio de la avenida 9 de Julio. Y anticipó que continuarán las reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en la concreción de la Emergencia Social que, entre otras medidas, establece el registro por el que los beneficiarios cobran el salario social complementario que hoy asciende a $4630 (la mitad del salario mínimo).
Tal como hicieron el año pasado, el próximo 7 de agosto las organizaciones sociales volverán a marchar desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo “en contra de un modelo que no para de expulsar trabajadores” del mercado. Y anticipan que también se sumarán a la movilización de la CGT prevista para el 22 de agosto.
Conciliadores, en Desarrollo Social, asimismo, deslizaron que entre esta y la próxima semana proseguirán las reuniones con los dirigentes para ir “afinando el lápiz” en la ampliación del registro por el que hoy cobran unos 80 mil beneficiarios. En este sentido, se permitió el ingreso a la nómina a integrantes de proyectos productivos comunitarios y “cuidadores de primera infancia” y de tercera edad.
Tanto en el oficialismo como en las agrupaciones no quieren arriesgar una cifra sobre la cantidad de nuevos integrantes del registro. “Lo que queremos es que no haya subejecución de los recursos -hoy estamos en poco menos del 50%- y así se utilicen los $10 mil millones que prevé la ley para este año”, concluyó Castro.