Nuevo paro universitario de 48 horas contra el Gobierno

La medida fue impulsada por los sindicatos nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y confirmada por distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA. La protesta se inscribe en una disputa política y judicial con el Gobierno por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso luego del veto presidencial.

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Según denuncian los gremios, las casas de estudio todavía no reciben las transferencias presupuestarias previstas en la norma, pese a que existen fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. La falta de fondos, sostienen, compromete los gastos cotidianos de las instituciones, las becas estudiantiles y las partidas destinadas a los salarios del personal académico.

El reclamo también apunta a la política salarial. Desde la conducción sindical cuestionaron que las últimas actualizaciones fueran dispuestas de manera unilateral y sin una reapertura formal de la paritaria. Aseguran, además, que los aumentos otorgados quedaron por debajo de la inflación acumulada.

Pérdida del salario

Las entidades gremiales estiman que los trabajadores universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Para recuperar el nivel de compra de ese período, calculan, sería necesaria una recomposición superior al 50% sobre los haberes actuales.

El impacto es especialmente sensible en los cargos con dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también alcanza a quienes tienen dedicación exclusiva. En paralelo, autoridades y representantes del sistema universitario advierten por la salida de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.

La diferencia salarial, afirman, favorece un drenaje de recursos humanos que puede afectar la calidad de la enseñanza y la capacidad de producción científica y tecnológica de las universidades nacionales.

Frente a este escenario, los sindicatos anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo. La huelga de 48 horas será una nueva señal de presión en un conflicto que combina el reclamo por el financiamiento institucional con la demanda de una recomposición salarial urgente.