La investigación se centra en
la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz asignada durante los
12 años de gestión del kirchnerismo (2003-2015). Además de la administración estatal, las empresas, según el fallo de Ercolini, que están en la mira son: "Austral Construcciones S.A.", "Gotti S.A.", "Kank y Costilla S.A.", "Badial S.A." y "Sucesores de Adelmo Biancalani S.A.".
En otro tramo del edicto, el juez sostiene que los supuestos delitos tenían como fin "la concentración económica, la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones de las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios".
