Diputados de Cambiemos continuarán hoy con sus pares del Frente Renovador y del bloque Justicialista las negociaciones para destrabar el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que la semana pasada fue aprobado en general y cuyo tratamiento definitivo fue postergado ante las marcadas diferencias a la hora de votar en particular. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), su compañero de bloque Luis Petri y el representante de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, son quienes llevan adelante la recolección de propuestas de los bloques opositores.
Entre los bloques que plantean objeciones a algunos artículos, pero en los cuales el gobierno cree que se puede llegar a algún acuerdo, se encuentran el Frente Renovador, que dejó la negociación técnica en manos de Mónica Litza, y el Justicialista, que es representado por el salteño Pablo Kosiner.
Oficialistas y opositores deben trabajar intensamente durante hoy y mañana si es que pretenden llegar con un texto consensuado a la sesión del miércoles a las 10, una continuación de la que pasó a cuarto intermedio. La sesión del miércoles pasado fracasó cuando los diputados, tras aprobar el texto en general, comenzaron a analizar artículo por artículo, y en el artículo 1, que estipula que delitos serían alcanzados por la nueva ley, la oposición propuso ampliarlo a los de trata de personas y ambientales, entre otros.
Con las modificaciones realizadas por la oposición, aceptadas a medias y sin que quedara del todo claro qué texto se estaba votando, Cambiemos perdió por poco margen la votación, e inmediatamente advirtió que la misma o peor suerte podían correr otros artículos que, a priori, eran más polémicos que el 1.
“Nuestra voluntad es que haya una ley que combata la corrupción, pero queremos que no haya eximición de pena y se incorporen todos los delitos establecidos en el Código Penal”, explicó Litza.
Esos artículos, que constituyen el eje de las diferencias entre oficialistas y opositores y en cuya negociación se consulta a la Oficina Anticorrupción, son el 5, el 20 y el 37.
El 5 regula la extinción de la acción penal para las empresas que hayan pagado sobornos, pero acepten un acuerdo de colaboración eficaz para dar información sobre esos delitos.