La causa se inició por una denuncia de la legisladora Lubertino, quien acusó a Macri por divulgado el lugar y fecha en la que una paciente iba a realizarse un aborto en octubre del año pasado.
Así, pese a que la mujer de 32 años denunció haber sido víctima de una red de trata, la interrupción del embarazo se judicializó: una asociación civil contraria al aborto presentó un recurso de amparo y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil N 106, dictó una medida cautelar que impidió la realización de la intervención.
Finalmente, la joven logró un fallo favorable clave de la Corte Suprema de Justicia y pudo interrumpir su embarazo en otro centro médico semanas más tarde. Al archivar la causa contra Macri, el juez consideró que no había una imputación concreta que permitiera encuadrar los hechos en alguna figura penal.
