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La causa comenzó cuando Guillermo Andreau, un vecino y empresario, denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron, en 2014, 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Pro.Cre.Ar.
De acuerdo a las escuchas telefónicas que constan en la causa, tanto Mariano Bruera como el ex director General de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, y el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, integraban una "red de corrupción" que operaba en el municipio platense.
El Fiscal de Delitos Complejos que investigó el caso, Jorge Paolini, también involucró a los empleados Cristian Ybarra y Raul Moriatti, ya detenidos desde hace diez días.
A Sette, Moreno e Ibarra se les imputa los delitos de "exacciones ilícitas y cohecho pasivo" y formar parte de una asociación ilícita todos estos hechos en concurso real. A Petró y a Bruera les atribuyen el "delito de asociación ilícita".
