El 26 de abril de 2013, Macri y Montenegro ordenaron a la Policía Metropolitana desalojar una parte del predio en el que se encuentra el Borda, donde se desarrollaban talleres y actividades terapéuticas destinadas a los pacientes.
La intención del Gobierno porteño era demoler los talleres, y con esa intención movilizó a 200 efectivos de la Metropolitana, que reprimieron a trabajadores, médicos y periodistas que se encontraban en el lugar.
En la represión del Borda, 32 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro pacientes del hospital que recibieron golpes y balazos de goma de parte de los policías de la Metropolitana.
Con este fallo, la Sala IV ordenó que ocho funcionarios porteños continúen investigados por "abuso de autoridad, lesiones graves y lesiones agravadas en un caso".