Sin audiencia
La principal cuestión que originó la controversia fue que el ajuste se dispuso sin considerar previamente el llamado a una audiencia pública, para que los usuarios y el organismo de control, el Ocaba, dirimieran la necesidad y proporción del incremento propuesto por la empresa estatal encargada de proveer el servicio de agua.
Según los cálculos, en función de este fallo ABSA debería devolver una suma total del orden de los 1.800 millones de pesos. En su momento, ante el tarifazo fue presentado un amparo y se logró la suspensión del incremento que, meses después, fue restituido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata y se cobra hasta hoy.