Un 15 por ciento de la superficie del Parque Pereyra Iraola está ocupada por quinteros. De 100 familias de productores hortícolas que habitan el predio, 40 debieron ser desalojadas hace casi siete años por no cumplir con el pago de los cánones de explotación, pero la Legislatura provincial viene suspendiendo desde entonces con leyes de prórroga (que se ratifican cada seis meses) la medida impulsada por la Fiscalía de Estado. Pero la zona no sólo es ocupada por quinteros. “Ahí hay un negocio que manejan grupos económicos que explotan a los productores, les pagan sueldos miserables y los tienen viviendo en covachas”, reveló un ex funcionario bonaerense, que agregó que el Parque Pereyra está siendo usurpado además por “intrusos, criaderos de cerdos, aserraderos y desarmaderos de autos”. El terreno fue expropiado por la Provincia a la familia Pereyra Iraola, en 1949, con el objetivo de convertir las más de 10 mil hectáreas en área de reserva natural, “pulmón verde” del Conurbano, ganado ya a esa altura por la densidad demográfica y la actividad industrial. En los últimos años el objetivo original se fue desdibujando: el predio fue ocupado por productores hortícolas, dependencias gubernamentales, institutos científicos y culturales de la UNLP y fuerzas de seguridad, y sólo una mínima porción de las tierras se destina al esparcimiento de los bonaerenses.
Falta de control
En su momento se impulsó un Programa de Recuperación Integral del Parque Pereyra Iraola. Se trataba de un proyecto productivo que se desarrollaría paulatinamente, que apuntaba a un “reordenamiento de toda la actividad” del predio, incluida la hortícola y la recreativa. Se recordó que la ley de expropiación de los terrenos contempla la explotación de la tierra, con 1.200 hectáreas asignadas a ese fin. Originariamente la concesión era por cinco años, pero después se perdió de vista eso y desde hace décadas se perdieron también todos los parámetros. Cuando oportunamente años atrás se determinó el desalojo judicial (ordenado por un juez en lo civil) de las 40 familias que no pagaban los cánones de arrendamiento al Estado provincial desde 1995, los quinteros plantearon su reclamo en la Legislatura bonaerense, y desde entonces vienen consiguiendo la sanción de leyes que cada seis meses prorrogan la suspensión de la medida. En varias oportunidades en que ese plazo se vencía, los quinteros volvían a la carga con protestas y así lograron continuar con la explotación de los terrenos hasta ahora. Es más, en octubre de 1998 el entonces ministro de la Producción de la Provincia, Carlos Brown, anunció un “impasse” en el conflicto con la suspensión “momentánea” de los desalojos. Brown se refirió a la realización de un estudio socioeconómico de los quinteros y la concreción posterior de un programa productivo para el sector. Pero una vez desatado el conflicto y después de una serie de movilizaciones de grupos de quinteros, se realizó una serie de gestiones para llegar a una solución. Inclusive, llegó a firmarse un convenio entre el gobierno provincial y la UNLP para poner en marcha un plan maestro de recuperación del predio, consistente en un ordenamiento del terreno que preveía una localización para los productores hortícolas, otra para las actividades científicas y culturales y un espacio reservado para el esparcimiento. El proyecto fue aprobado por los tres organismos de la Constitución (incluida la Fiscalía de Estado).