Con el fin de limitar el accionar de mafias vinculadas a la explotación humana, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires anunció la creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la Investigación de los Delitos Conexos a la Trata de Personas. La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción, violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar en condiciones infrahumanas. Con el objetivo de intensificar políticas que pongan un freno a este tipo de ilícitos, se creó la comisión cuyos fines están centrados en constituir un ámbito de apoyo y consulta permanente de los operadores del Ministerio Público; además de un seguimiento de casos vinculados al delito de la trata de personas.
Sus integrantes
La creación de la comisión fue una resolución de la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, a través de la resolución 724/10. Estará integrada por funcionarios de la Procuración General y del Ministerio Público Fiscal. La resolución incorporó el Protocolo de Actuación sobre el Delito de Trata de Personas y demás modalidades delictivas conexas a ella, elaborado en el marco del Consejo Federal de Política Criminal. Fueron designados como integrantes permanentes de la Comisión a Homero Alonso, secretario de Política Criminal; Jorge Amorín, secretario de Policía Judicial; Fabián Fernández Garello, Fiscal General de Mar del Plata; Marcela Piccioni, subsecretaria en menores e incapaces; Silvia Llanos, coordinadora de Casas de Justicia; y Maximiliano Pagani y Eleonora Weingast como relatores de la Procuración. “Si bien el delito de trata de personas es de competencia federal, lo cierto es que reviste aristas de suma complejidad, encontrándose vinculado u oculto detrás de otros delitos y/o contravenciones de competencia provincial”, manifestó Falbo. En tal sentido, “se erige imperiosa la actuación coordinada de todos los miembros del Ministerio Público Fiscal, ya sea de orden nacional, federal o provincial, para una eficiente persecución del flagelo”, consigna los fundamentos de la norma.
Investigaciones
“En la necesidad de homogeneizar y efectivizar aún más las investigaciones, y con el objetivo de reforzar la política criminal del Ministerio Público, se torna necesario fortalecer la presencia de la Procuración General, no sólo en el acompañamiento de los actores involucrados en las investigaciones iniciadas en la Provincia de Buenos Aires, sino también en la formulación de propuestas tendientes a optimizar la labor judicial”, explicó la Procuradora General. El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños es el instrumento que contiene la definición de trata de personas acordada internacionalmente. En nuestro país, esta definición fue recogida a nivel nacional por la ley 26434, cuya reforma se encuentra aún siendo discutida en la Cámara de Diputados Nacional.