La demanda presentada pide una condena contra el Estado argentino por "negación de justicia", pide la anulación de la sentencia dictada y que absolvió al principal sospechoso del crimen y solicita, entre otras medidas de reparación histórica, la apertura de una causa penal en la que se investigue a "los autores intelectuales" del asesinato.
El mismo jefe comunal fue quien señaló que "hubo responsabilidades políticas, policiales y empresariales" detrás de la muerte de su hermano subcomisario, baleado la noche del 29 de agosto de 1994, en una formación ferroviaria de la línea Roca a poco de salir el tren desde Constitución. Gutiérrez afirmó que "el narcotráfico estuvo detrás de la muerte de mi hermano".
Comentó el jefe comunal, que es acompañado en su reclamo por la viuda y los tres hijos de su hermano, que "esto es como lo de la AMIA, hace 19 años que esperamos justicia". El subcomisario Gutiérrez investigaba operaciones sospechosas de empresas de logística radicadas en Avellaneda, distrito en el que revistaba el policía en la seccional 2ª con asiento en Piñeyro.
Debe recordarse que en 2008 la familia del policía muerto consiguió imponer, a modo de homenaje, la denominación "Comisario Mayor Jorge Omar Gutiérrez" a la calle de Avellaneda donde está situada esa comisaría.
Dos imputados
Sin embargo, la Justicia no logró aún identificar a los autores del crimen. Dos integrantes de la Policía Federal fueron imputados del hecho. Uno de ellos, Alejandro Santillán, fue absuelto en 1996 y la sentencia quedó firme inclusive después de una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El otro sospechoso, Francisco Montajo, podría ser llevado a juicio oral luego de varias apelaciones que procuran evitar la prescripción de la causa.
Las extrañas circunstancias que rodearon el homicidio de Jorge Gutiérrez hasta fueron analizadas por una comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investigó los delitos vinculados con la presunta instalación de "un sistema de aduana paralelo" durante el gobierno menemista y presuntamente utilizado para diversos tráficos con presuntas complicidades estatales, como ser las ventas ilegales de armas, la mafia del oro o embarques de drogas. Sin obtener respuestas mas allá del respaldo político, a partir de 2003 la familia Gutiérrez decidió llevar el caso a estudio en la CIDH, organismo que aceptó el expediente y que tendrá resolución en los próximos días.