Ante la decisión de la Justicia de suspender el aumento de tasas en Quilmes -al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por concejales opositores- desde el municipio se advirtió que “se trata de una aberración jurídica que no tiene ningún efecto legal” y evaluaron que lo que se busca “es generar una situación de caos”. La jueza Civil y Comercial Diana Ivone Español aceptó, de forma inmediata, la medida cautelar presentada el miércoles por ediles opositores a la gestión de Francisco Gutiérrez, que integran la Multisectorial contra el Aumento de Tasas. La resolución de la Justicia indica: “Ordénase la suspensión de cualquier tipo de acción judicial tendiente al cobro de sumas de dinero por tasa de servicios urbanos municipales conforme la Ordenanza Fiscal y Tributaria 11576, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Notifíquese a la comuna con habilitación de días y horas inhábiles”. El secretario de Hacienda del municipio de Quilmes, Alejandro Tozzola, fue quien ayer se pronunció en referencia a la decisión judicial y manifestó que el fallo de la jueza, “en este momento no procede ningún efecto jurídico. Lo que se intenta es que el Estado Municipal quiebre, generando una situación de caos, que no se puedan pagar remedios, acción social, salud, obras, ni se paguen salarios”. “Como funcionarios públicos debemos responder ante la inquietud que puede generar esta medida en la población y en los contribuyentes aclarando que en este momento no procede ningún efecto jurídico”, remarcó Tozzola y aseguró que “en cuanto seamos notificados apelaremos la medida. Lo que buscó esta “Mesa de Enlace Multisectorial” es la pretensión de querer quitarle la capacidad constitucional al Estado Municipal sobre la fuente de financiamiento a través de los tributos y los recursos de Nación y Provincia, para lograr provocar un efecto de retracción, lo cual no va ocurrir”. “Esta acción no la están haciendo los contribuyentes comunes sino los evasores que están acudiendo a la Justicia para anular una prescripción constitucional”, explicó Tozzola y señaló que “de ser una medida oficial, porque no hemos sido notificados, se estaría cuestionando la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”. Asimismo, el secretario de Hacienda expresó que el artículo cuestionado por la oposición (el 27 de la actual ordenanza fiscal y tributaria) es el mismo que ya figuraba en la anterior norma de 2004. “El artículo supuestamente cuestionado ya figuraba en la anterior ordenanza, que ellos mismos votaron y aprobaron, por lo que no hay ninguna coerción contra las libertades y garantías individuales de nadie, ya sea persona física o jurídica”, aseguró Tozzola.
“Buscan el caos”
“Si se inhibe al Estado para recaudar, sería una aberración jurídica, porque los jueces deben obrar acorde a la Constitución, y si fuera cierto todos los contribuyentes con ánimo de evasión querrían utilizar esto para no pagar y el Estado quiebra”, alertó el responsable del área de Hacienda. Tozzola aclaró que “están buscando que el Estado Municipal quiebre, lo cual es imposible, generando una situación de caos, que no se puedan pagar remedios, acción social, salud, obras, ni se paguen salarios”.